La Asociación de Salmonicultores de Magallanes, el Consejo del Salmón y SalmonChile presentaron una solicitud formal ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre lo que consideran una falta de transparencia y trazabilidad en los procesos de participación ciudadana impulsados por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en el marco de la implementación de la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Los gremios acusan que el MMA no ha dado respuesta a las observaciones formuladas durante las consultas públicas de once anteproyectos de reglamento, varios de los cuales ya fueron aprobados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, pese a que los participantes no recibieron respuesta a sus aportes.

Cuestionamiento al artículo 29 y a la falta de respuestas

En su presentación, las organizaciones salmoneras solicitan que Contraloría determine la legalidad del artículo 29 de la Norma de Participación Ciudadana del MMA, que permite postergar la publicación de las respuestas a las observaciones hasta antes de la entrada en vigencia de los reglamentos.

Según argumentan, esa disposición vulnera principios esenciales de transparencia y participación efectiva establecidos tanto en el artículo 73 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley N°18.575) como en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile.

Los gremios sostienen que la norma “vacía de contenido la participación ciudadana”, ya que las respuestas deben ser parte del proceso deliberativo de la norma —previo a su aprobación— y no un trámite posterior que deja sin trazabilidad los aportes ciudadanos.

Una participación sin retorno

En agosto pasado, los gremios enviaron una carta a la ministra del Medio Ambiente advirtiendo sobre la situación y pidiendo que el Ministerio publicara tanto las respuestas como los borradores de los reglamentos antes de su aprobación.

El MMA respondió el 18 de agosto, señalando que las respuestas se publicarían “antes de la entrada en vigencia” de los reglamentos, interpretación que las organizaciones consideran contraria a la ley.

“El avance de los reglamentos del SBAP ha sido rápido y eso es positivo”, reconoció Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.
“Sin embargo, lamentamos que la participación de nuestro gremio y de muchos otros actores —donde hemos invertido tiempo, conocimiento y recursos— no haya tenido una respuesta oportuna ni fundada. Cuando los aportes técnicos no se responden o no se sabe si fueron acogidos, se pierde trazabilidad en la toma de decisiones y se debilita el valor de la participación”, continuó.

Reclamo ante Contraloría

En su presentación, las asociaciones acusan que el MMA no ha publicado respuesta alguna en al menos nueve de las once consultas públicas realizadas, y que esto infringe los deberes de motivación y razonabilidad exigidos por la ley.

Solicitan que Contraloría instruya al Ministerio a publicar todas las respuestas de forma íntegra y fundada antes de que los textos finales sean enviados a revisión del Consejo de Ministros o de la propia Contraloría, garantizando así la trazabilidad entre los aportes ciudadanos y las decisiones regulatorias.

Asimismo, piden que se evalúe la calidad de las respuestas ya publicadas en el caso del anteproyecto del Reglamento del Registro Público de Sanciones, las que —según afirman— se limitan a fórmulas genéricas como “Su comentario es atendible y lo estudiaremos para la versión final”, sin explicar si las observaciones fueron efectivamente consideradas.

El trasfondo: una discusión sobre legitimidad y confianza

La reclamación no apunta a detener los avances del SBAP, sino a reforzar los mecanismos de transparencia y participación en la elaboración de sus normas. Los gremios coinciden en que el proceso regulatorio debe ser legítimo y fundado, sobre todo considerando el impacto que las futuras reglas del SBAP tendrán sobre la actividad productiva, la conservación ambiental y las comunidades locales.

“La participación ciudadana solo tiene sentido cuando las observaciones se responden con argumentos técnicos y jurídicos claros”, sostienen los gremios, quienes advierten que lo ocurrido “debilita la confianza en los procesos de consulta y desincentiva la participación futura”.

Mientras la Contraloría analiza el requerimiento, el tema abre un nuevo frente de debate sobre cómo equilibrar la eficiencia regulatoria con la transparencia y el respeto al derecho ciudadano a participar de manera informada en las políticas ambientales del país.

Redacción ZonaZero.cl