La secretaria regional ministerial de Salud, Lidia Amarales, obtuvo un triunfo judicial en su demanda laboral contra la Universidad de Magallanes (UMAG), institución donde trabajó antes de asumir el cargo. El tribunal ordenó el pago de 35 millones de pesos en indemnización, lo que cierra una disputa laboral iniciada antes de su nombramiento.

Sin embargo, el caso no queda solo en el ámbito judicial. La victoria traerá consigo limitaciones y exigencias de probidad para la autoridad regional, ya que la universidad mantiene múltiples vínculos con el sector salud y el Ministerio que ella representa. La Ley de Probidad no se centra en la relación laboral pasada, sino en evitar que la autoridad utilice su cargo para favorecer o perjudicar a una institución con la que tiene un conflicto de intereses previo. Amarales puede ejercer su cargo plenamente, pero debería abstenerse de toda acción directa o indirecta que involucre a la UMAG, mientras existan convenios activos que la conecten con la gestión sanitaria regional.

Conflicto de interés

De acuerdo con la Ley de Probidad Administrativa, la seremi deberá inhabilitarse en cualquier gestión oficial que involucre a la UMAG, sea en materia de docencia clínica, investigación, convenios asistenciales o proyectos financiados por la cartera de Salud.

Expertos señalan que esta obligación es clave para evitar cuestionamientos:

“El fallo judicial no la deslegitima, pero sí obliga a separar con total claridad su rol como funcionaria pública de su condición de demandante victoriosa frente a una institución estatal. La transparencia es esencial en este tipo de casos”, explicaron fuentes cercanas a la Contraloría.

Repercusiones políticas

El resultado del juicio confirma la solidez de las reclamaciones de Amarales como trabajadora, pero al mismo tiempo instala un debate político sobre la conveniencia de que una autoridad regional mantenga un historial judicial con una de las instituciones clave de Magallanes.

Mientras sectores cercanos destacan que se trató de un conflicto estrictamente laboral, voces críticas advierten que el episodio podría debilitar su margen de acción frente a proyectos que requieran coordinación entre la UMAG y la SEREMI de Salud.

La resolución a favor de Amarales marca un precedente poco común en la región: Una alta autoridad de Gobierno que gana un juicio contra una universidad estatal local. No obstante, desde ahora su gestión estará bajo mayor observación, pues cualquier decisión que involucre a la UMAG será evaluada con especial atención por la opinión pública y los organismos fiscalizadores.

Por Redacción ZonaZero.cl