Una situación bochornosa y sin precedentes se ha vivido en la Municipalidad de Torres del Paine, luego de que cinco funcionarios —uno de ellos con más de 40 años de servicio y otros con cargos sindicales— fueran expulsados de sus lugares de trabajo por orden directa de la alcaldesa Anahí Cárdenas, en medio de un proceso sumarial por licencias médicas.

El hecho, que tensionado gravemente el clima laboral al interior del municipio, derivó en una acción judicial ante la Corte de Apelaciones, la cual finalmente acogió los recursos de protección presentados por los afectados y dictó una orden de no innovar, instruyendo que los funcionarios fueran reincorporados de inmediato a sus labores mientras se resuelve el fondo del caso.

Expulsión en medio del proceso

Los funcionarios habían sido notificados de su desvinculación el viernes 10 de octubre, tras la apertura de un sumario administrativo vinculado al uso de licencias médicas. Sin embargo, al llegar a sus oficinas el lunes 13 de octubre, y cuando aún se encontraban dentro del plazo legal para presentar sus descargos, fueron sacados de las dependencias municipales por instrucción directa de la alcaldesa Cárdenas.

Según consta en los recursos de protección ingresados, la jefa comunal les habría señalado que “cualquier reclamo o recurso lo hicieran fuera del municipio”, impidiéndoles continuar su labor e incluso acceder a sus puestos de trabajo. Los afectados alegaron que la medida vulneró gravemente su derecho al debido proceso y a la defensa administrativa, lo que fue respaldado por la Corte, que determinó suspender la aplicación de las sanciones mientras se revisa la legalidad del procedimiento.

Este lunes 20 de octubre, los cinco funcionarios retornaron a sus oficinas por orden judicial, retomando sus labores habituales tras más de una semana de incertidumbre.
Con su resolución, la Corte de Apelaciones envía una señal clara respecto de la obligación de los municipios de respetar las garantías constitucionales de sus trabajadores, aun cuando existan procesos disciplinarios en curso.

El tribunal recordó que toda investigación sumarial debe asegurar el derecho a defensa, la presunción de inocencia y la continuidad del vínculo laboral hasta que se dicte una resolución fundada.

La decisión judicial supone un revés para la alcaldesa Cárdenas, cuya administración deberá ahora responder por el manejo irregular del procedimiento, además de enfrentar el creciente descontento interno y la atención pública sobre el clima institucional del municipio.

Redacción ZonaZero.cl