Un insólito episodio quedó al descubierto en la Ruta 9 Norte: un conductor de nacionalidad argentina —que volvía a su país— ignoró la señalización de obras en curso y terminó avanzando sobre una franja de hormigón recién vertido, metros antes del acceso al Puente Chabunco, a la altura del km 18.

Según se relata, el incidente ocurrió cerca de las 18:30 horas. A pesar de la advertencia visible que delimita la zona de intervención vial, el conductor —identificado como José Hernán Mansilla— continuó su marcha, su vehículo quedó parcialmente hundido en el hormigón fresco, y tras sacarlo con ayuda de otras personas, se marchó rumbo a la frontera.

Impacto del incidente y responsabilidad
Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP), responsables de la obra, manifestaron su sorpresa ante lo ocurrido. El seremi de Obras Públicas agregó que el sector estaba correctamente señalizado para prevenir precisamente este tipo de maniobras.
La obra en ese tramo consistía en pavimentar 250 metros antes del Puente Chabunco; de esos, 210 metros ya estaban terminados, y ese día se había comenzado a trabajar los últimos 40 metros, tramo que fue destruido por el paso del vehículo.
Como consecuencia, todo el hormigón fresco y el trabajo realizado se pierde: no puede reutilizarse. Las autoridades informaron que será necesario levantar esa franja y colocar pavimento nuevo.

Un costo millonario para todos

La reposición del pavimento no solo implica una demora en el cronograma de la obra, sino también un costo adicional significativo. Cada metro de calzada requiere una inversión de materiales, mano de obra, maquinaria y supervisión. Que una conducta individual —una conducción imprudente e irresponsable— destruya parte de ese esfuerzo, representa un gasto injustificado que termina afectando al Estado (y por ende, al conjunto de ciudadanos).

¿Debe intervenir judicialmente el Estado?

Este episodio evidencia que no basta con señalizar una zona de obras. Si un automovilista ignora la señalética y provoca daño, debe existir consecuencia. En este caso:
• El MOP o la empresa a cargo deberían formalizar una denuncia a la autoridad correspondiente (como la policía o fiscalía), exigiendo que el responsable asuma los costos de reposición.
• Permitir que el conductor se retire del país sin asumir responsabilidades envía un pésimo mensaje y desalienta el respeto por las normas en zonas de obras críticas.
• Más aún: permitir impunidad en estos actos pone en riesgo futuras obras —y recursos públicos— ante eventuales daños similares.

Qué debería pasar de ahora en adelante
1. Que el conductor sea identificado, localizado y se le exija restitución del monto del daño.
2. Que el MOP implemente medidas adicionales de seguridad, como barreras físicas —no sólo señalización visual— para evitar el ingreso de vehículos a zonas con hormigón fresco.
3. Que se realice una fiscalización eficaz sobre el cumplimiento de normas en obras viales, y se aplique sanción ejemplar si corresponde.

Este caso demuestra que una decisión irresponsable puede convertir un proyecto público serio en un despilfarro millonario. El próximo que cruce una advertencia vial debería pensarlo dos veces: no es sólo una señal, sino una advertencia con consecuencias reales

Redacción ZonaZero.cl