Dos denuncias formalizadas ante la Contraloría General de la República apuntan a presuntas irregularidades de alto calado en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, involucrando a sus principales directivos. Entre los hechos denunciados se encuentran la falsificación de una “simulación” de remuneraciones masivas y maniobras para eludir licitaciones públicas, a fin de favorecer a un proveedor determinado.

En la primera querella, presentada en septiembre, dos profesionales del SLEP acusaron al director ejecutivo, Mario García Martínez, junto al subdirector de Control y Planificación, Jorge Valdés, y el subdirector de Administración y Finanzas, Benjamín Agurto, de elaborar informes de nómina (Programa Presupuestario P02) con simulaciones “exitosas” que, en realidad, nunca cumplieron con los requisitos técnicos mínimos: faltaban datos, archivos bancarios, liquidaciones, textos para Previred, entre otros soportes necesarios.
Según los denunciantes, ello permitió presentar ante el Ministerio de Educación y la comunidad educativa un supuesto cumplimiento del traspaso de la administración municipal a SLEP, a pesar de su precariedad técnica.
Los efectos —de comprobarse— pueden ser graves: errores en los sueldos, cotizaciones previsionales mal calculadas, posibles reliquidaciones, demandas judiciales y, en última instancia, daño fiscal y vulneración de la fe pública.

La segunda denuncia, ingresada recientemente, señala que los mismos directivos habrían contratado mediante boletas de honorarios —es decir, trato directo— los servicios de reclutamiento, capacitación y levantamiento de perfiles de cargo a nombre de una socia de la empresa Taylor Servicios. Esta firma, previamente, había sido rechazada en una licitación pública formal para ese mismo servicio.
A pesar de esto, los pagos ya superan los $39 millones, ampliamente por sobre el límite original de $15 millones fijado en el convenio. De acuerdo con la denuncia, esto vulnera la Ley de Compras Públicas, la Ley de Presupuestos y el principio de probidad, pues prácticamente se habría montado un mecanismo contractual para encubrir la contratación directa de un proveedor previamente rechazado.

Reacciones y solicitudes de investigación

La comunidad docente —representada por el Colegio de Profesores regional— calificó la situación como “inaceptable” e hizo un llamado a que la Contraloría otorgue carácter prioritario a las indagaciones, por el riesgo que representan para la estabilidad laboral, la credibilidad en el SLEP y la gestión de recursos públicos.

Por su parte, desde el SLEP Magallanes indicaron que, hasta el momento, no han sido notificados formalmente por Contraloría. Aun así, informaron que la dirección ejecutiva (subrogante) habría instruido abrir un procedimiento administrativo disciplinario, comprometido a poner a disposición del organismo de control todos los antecedentes necesarios.

Además, el diputado Carlos Bianchi Chelech presentó un requerimiento formal para que Contraloría revise las contrataciones directas realizadas por el SLEP, detenga el proceso de reclutamiento en curso asociado a Taylor Servicios, y verifique si hubo conflictos de interés, tráfico de influencias o vulneraciones legales.

El SLEP Magallanes —una entidad clave para la educación pública regional— estaba en pleno proceso de consolidación, con la transferencia de miles de funcionarios municipales al sistema público centralizado. El éxito de ese traspaso dependía de procesos de administración de personal rigurosos, confiables y transparentes.

Estas denuncias no solo cuestionan decisiones administrativas, sino la integridad misma de la instalación del nuevo sistema. De comprobarse, se podría estar frente a un uso irregular de fondos públicos, vulneración de derechos laborales, y una pérdida de confianza generalizada en las instituciones encargadas de la educación.

Por ello, muchos coinciden en que este caso debe servir como un punto de inflexión: la Contraloría —y eventualmente el Ministerio Público— deben actuar con celeridad, sin privilegios, para esclarecer responsabilidades.

Redacción ZonaZero.cl