La anunciada salida de EDF y su proyecto Energía Verde Austral (EVA) de la Región de Magallanes no puede ser leída como un simple accidente empresarial o una noticia aislada. Es una advertencia brutal sobre la fragilidad de la confianza inversionista cuando las autoridades no logran comprender ni gestionar políticamente una industria emergente clave. 

Hace apenas unos días, la estatal francesa EDF —a través de su filial EDF Power Solutions Chile— decidió retirar su plan de hidrógeno verde que contemplaba un parque eólico de hasta 1 GW y una planta de electrolisis para producir hasta 400 mil toneladas de amoniaco verde al año, con toda la infraestructura asociada en Magallanes. La razón oficial apunta a que la empresa optó por enfocarse en otros proyectos. Y en las últimas horas emitió una información que escuetamente resume lo siguiente: “Esta decisión responde a una revisión estratégica global del Grupo EDF en el marco de la reciente integración de sus dos filiales y las nuevas prioridades del Grupo, y considera la situación actual del mercado internacional del hidrógeno verde, el cual ha evolucionado más lento de lo previsto. En este contexto, se revisaron los cronogramas y requerimientos de recursos de ambos proyectos, y se decidió continuar sólo con Punta Delgada”.

En todo caso, según versiones periodísticas, la decisión de la compañía francesa estuvo marcada por la acumulación de observaciones y la falta de certezas en torno a los permisos, las exigencias regulatorias y el manejo de expectativas que las propias autoridades estaban entregando a la comunidad y al mercado inversionista. 

Este episodio no es un hecho aislado, y revela una serie de déficits estructurales en la forma en que Magallanes —y sus autoridades locales— han entendido (o malentendido) la naturaleza y exigencias de una industria que, más allá de su complejidad técnica, depende fuertemente de certezas políticas, claridad regulatoria y comunicación estratégica para atraer capitales de largo plazo.

La comunicación pública no es un accesorio: es política pública

Magallanes ha celebrado con bombo eventos como la Feria Educativa del Hidrógeno Verde, con discursos sobre oportunidades y educación ciudadana.  Pero entre los stands educativos y los discursos motivadores, ¿se ha comunicado con la misma transparencia y eficacia a los inversionistas cuál es el compromiso real de las autoridades con plazos, permisos y adaptaciones regulatorias? El vacío entre la retórica positiva y la realidad burocrática ha quedado al desnudo.

La presentación pública de un proyecto es útil para sensibilizar a la comunidad, pero no sustituye una estrategia política y comunicacional sólida que garantice comprensión y confianza a los inversionistas. Sin una línea clara, coherente y predecible, el mensaje que recibe el mercado es de ambigüedad y riesgo. 

La permisología y la falta de certezas continúan siendo la piedra de tope

Los proyectos de hidrógeno verde en Chile —y en Magallanes en particular— han enfrentado complejidades en la tramitación ambiental y regulatoria. En el caso de EVA, la empresa decidió no ingresar su iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cortando de raíz el proceso que le habría permitido avanzar. 

El problema no parece estar solo en la cantidad de requisitos —algo esperado en proyectos de alta complejidad— sino en la falta de claridad y coordinación entre autoridades sectoriales, regionales y locales para traducir esos requisitos en rutas previsibles y confiables para quienes quieren invertir.

Sinceridad institucional vs. optimismo vacío

No faltan autoridades que, con buenas intenciones, promueven las oportunidades de la transición energética. Sin embargo, el optimismo sin apoyo estructural —ni certezas efectivas en tiempos, reglas y apoyo político— se convierte en una trampa de expectativas. El resultado es perder proyectos concretos frente a mercados que sí ofrecen marcos más competitivos y previsibles.

Otros sectores del país han logrado atraer inversión en energías limpias porque acompañan la promoción con coherencia institucional, agilidad regulatoria y comunicación transparente con los agentes económicos. Para Magallanes, la salida de EDF debe ser una llamada de atención urgente. La comunicación estratégica no es solo propaganda positiva, sino una pieza central del manejo político y de la credibilidad institucional.

Riesgo de fuga de inversiones: El futuro se juega hoy

Si la región no aprende esta lección, corre el riesgo de convertirse en un ejemplo de promesas incumplidas y anuncios entusiastas que nunca se cristalizan en inversiones reales. Las compañías que hoy evalúan invertir no solo miran los vientos extraordinarios del Estrecho de Magallanes, sino el riesgo político, comunicacional y de gestión que representa este territorio.

La salida de proyectos de hidrógeno verde no solo representa una pérdida económica inmediata, sino un debilitamiento de la narrativa de Magallanes como polo de la transición energética. Inversionistas globales comparan marcos regulatorios y estabilidad política entre regiones y países: Magallanes no puede darse el lujo de quedar en la cola de esa competencia.

Conclusión: transparencia, estrategia y liderazgo

Para retener inversiones y atraer nuevos proyectos, Magallanes necesita urgentemente una estrategia de comunicación coherente con acciones claras, mayor eficiencia en la tramitación regulatoria y un liderazgo político capaz de articular respuestas firmes y creíbles frente a los desafíos reales del sector.

Sin certeza ni claridad, no solo se pierden proyectos —como el de EDF— sino también la oportunidad histórica de posicionar a la región como líder en hidrógeno verde. El futuro no llega por aclamación comunicacional, llega por políticas públicas claras, seguridad jurídica y una gestión política que genere confianza 

Por Mauricio Vidal Guerra, periodista, director ZonaZero.cl