Crimen de Julia Chuñil: del relato ambientalista al parricidio
El caso de Julia Chuñil Catricura, de 72 años desaparecida el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, Chile, representa uno de los episodios más controvertidos y reveladores de la interacción entre activismo, medios y justicia en el país de los últimos años.
Al momento de su desaparición, Julia Chuñil fue rápidamente presentada en amplios sectores de la opinión pública y organizaciones de derechos humanos como una defensora ambiental emblemática del pueblo mapuche.
Durante más de un año, su caso generó movilizaciones nacionales e internacionales, marchas en Santiago y pronunciamientos de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó medidas cautelares al Estado chileno.
El relato predominante en medios progresistas, organizaciones ambientalistas y colectivos indígenas la describía como una guardiana del bosque nativo, víctima de amenazas y hostigamientos por parte de empresarios forestales y latifundistas, particularmente Juan Carlos Morstadt, con quien mantenía disputas territoriales. Se rumoreaba de un posible crimen de odio o asesinato vinculado a intereses económicos extractivistas, en el contexto de la alta peligrosidad que enfrentan las defensoras ambientales en Latinoamérica.
Tras una indagatoria calificada por la Fiscalía como “compleja, sigilosa y reservada”, el 14 de enero de 2026 se produjo un vuelco drástico. La Fiscalía Regional de Los Ríos anunció la detención de tres hijos de Julia Chuñil (Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil) y su exyerno (Bermar Flavio Bastidas).
Los hijos enfrentarán cargos por parricidio, mientras que el exyerno por homicidio calificado con alevosía, además de robo con violencia e intimidación a un adulto mayor. La investigación apunta a que el crimen ocurrió en su propia vivienda, y se detectaron conductas sospechosas como quema de ropa y posibles intimidaciones a testigos. También se mencionó una transacción de terreno previa entre Julia y uno de sus hijos.
El presidente Gabriel Boric y su entorno, incluyendo a la ministra vocera Camila Vallejo, se pronunciaron activamente durante la fase de desaparición, reforzando el relato inicial. En octubre de 2025, Boric declaró que “exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad” y presentó a Chuñil como “defensora ambiental de la comuna de Máfil” que “representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas”, merecedora de “verdad y justicia”.
Vallejo, por su parte, expresó solidaridad con la familia y destacó el apoyo del Gobierno a la investigación, preguntando públicamente “¿dónde está Julia Chuñil?” y enfatizando la gravedad del caso.
Tras el vuelco judicial de enero 2026, que apunta a los familiares como responsables, no se registraron declaraciones públicas inmediatas del Presidente ni de la vocera ajustando o reconociendo el cambio de hipótesis, lo que generó críticas por silencio o aparente desinterés una vez que el caso dejó de encajar en la narrativa de conflicto empresarial-ambiental.
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