La política regional parece encaminarse hacia un escenario más crispado, confrontacional y hostil, marcado no solo por las diferencias ideológicas, que son naturales en democracia, sino por la normalización de la violencia verbal como herramienta política. La llegada al Congreso de figuras nuevas con un perfil que incita a propósito a la violencia y el miedo no es un hecho aislado, sino el síntoma más visible de una forma de hacer política que privilegia el ataque, la descalificación y la exposición pública del adversario por sobre el debate de ideas.

Hay algunos que llegarán al Parlamento con un modo de “no al diálogo” ni de construcción transversal. La trayectoria pública de algunos nuevos actores está cruzada por conflictos reiterados con otros actores políticos, enfrentamientos en redes sociales, declaraciones incendiarias y una lógica binaria donde quien no comparte su visión pasa rápidamente a ser catalogado como enemigo. Esa conducta, lejos de moderarse con la investidura parlamentaria, amenaza con trasladarse al plano institucional, tensionando la convivencia política regional. Ni hablar de quienes como periodistas o comunicadores podemos criticar, o sencillamente tener opiniones diferentes… Ya hemos visto cómo el perfil del “nuevo político” prende fuego a sus pasiones, y con los ojos bien abiertos comienza a escupir rabias, deseos, una que otra falsedad escondida entre frases, y la verdad absoluta sobre algún tema en cuestión.

Si la línea de los nuevos delegados y seremis del Gobierno de José Antonio Kast sigue aquel perfil, lo cierto es que se vienen tiempos complejos, difíciles y de medios de comunicación presionados a no decir lo que piensan, y ser duramente atacados por informar con determinadas líneas editoriales.

El problema de fondo no es la firmeza ideológica ni la crítica dura, sino la sustitución sistemática del argumento por el ataque personal. La política de la funa, del agravio permanente y de la sospecha lanzada como verdad termina erosionando no solo al adversario, sino también al sistema que la tolera.

Magallanes, una región históricamente pequeña en términos de actores y redes, no es un terreno neutro para este tipo de prácticas. Aquí, las relaciones institucionales requieren mínimos de confianza y cooperación. La instalación de una lógica de confrontación permanente puede bloquear acuerdos, paralizar agendas regionales y contaminar el debate público, reduciéndolo a una sucesión de polémicas estériles.

Uno de los efectos más preocupantes de este estilo político es su relación con la prensa. Cuando el disenso se entiende como traición y la crítica como ataque, los medios de comunicación pasan a convertirse en blancos legítimos de hostigamiento. En ese contexto, periodistas, comunicadores y medios regionales quedan expuestos a campañas de descrédito, funas digitales o ataques verbales directos, simplemente por cumplir su rol fiscalizador.

Este fenómeno no es nuevo en Chile ni en el mundo, pero su aterrizaje en Magallanes abre un escenario particularmente delicado. En regiones donde el ecosistema mediático es reducido, el impacto de la presión política sobre la prensa puede ser devastador, afectando la pluralidad, la libertad editorial y la disposición a investigar o cuestionar al poder.

Y en base a lo anterior, es bueno hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de representación política necesita Magallanes? ¿Una basada en el conflicto permanente y la exposición mediática del adversario, o una que, sin renunciar a las convicciones, sea capaz de dialogar y construir soluciones para problemas estructurales como la conectividad, el costo de la vida, la descentralización real o el desarrollo productivo?

El riesgo es que la política se transforme en espectáculo de confrontación, donde el volumen del insulto reemplaza la profundidad de las propuestas. En ese escenario, la ciudadanía termina siendo espectadora de una pelea constante, mientras los problemas de fondo siguen sin resolverse.

La llegada de figuras con un historial de violencia verbal y confrontación sistemática debería ser una señal de alerta para las instituciones, los partidos, los medios y la sociedad civil. No se trata de censurar ni de acallar voces. No se trata de avisar que quieren cancelar programas, periodistas, comunicadores, programas o espacios comunicacionales… No se trata de censurar ni acallar. Sino de exigir estándares mínimos de convivencia democrática, especialmente a quienes ejercerán cargos de representación popular, y que son financiados por todos nosotros.

Magallanes no puede darse el lujo de una política basada en la agresión permanente. Si ese estilo se consolida a partir de 2026, el costo no lo pagarán solo los actores políticos enfrentados, sino la calidad del debate público, la confianza institucional y, finalmente, la propia democracia regional.

La llegada de personeros que utilizan la incitación al odio y la violencia verbal como estrategia consciente no es un dato anecdótico ni un problema de estilo. Es una amenaza directa a la calidad de la democracia, al pluralismo y a la libertad de prensa.

El negativo estilo tiene incluso nerviosos a algunos representantes de industrias y sectores productivos regionales. No ven que sea adecuado hacer política con “el garrote” y la amenaza.

La advertencia está hecha. Después, cuando el clima se vuelva irrespirable, no se podrá decir que no se veía venir.

Por Mauricio Vidal Guerra, periodista, director ZonaZero.cl