El gobierno de Gabriel Boric concluye su mandato dejando una situación fiscal marcada por un significativo déficit estructural en 2025, el último año completo de su administración.

Según el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025, publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal estructural alcanzó el 3,55% del PIB, equivalente a aproximadamente US$13.200 millones (o $12.028.692 millones en moneda local). Esta cifra, comúnmente redondeada en torno al 3,6% en diversos análisis y medios, triplica la meta original establecida en la Ley de Presupuestos 2025, que era de 1,1% del PIB.

Este resultado representa el tercer incumplimiento consecutivo de la regla fiscal autoimpuesta por el gobierno, tras desviaciones similares en años previos. El déficit efectivo (sin ajustes cíclicos) cerró en 2,8% del PIB, superior a lo proyectado inicialmente. Las principales causas incluyen una recaudación tributaria no minera más baja en una década (excluyendo la pandemia), menores ingresos de grandes empresas, efectos de la apreciación cambiaria y ajustes cíclicos en los ingresos del cobre, que explican alrededor del 89% de la brecha entre el déficit efectivo y el estructural. Además, el crecimiento del PIB real en 2025 fue de 2,3%, levemente inferior a lo esperado por disrupciones en el sector minero.

La oposición y analistas han calificado esta situación como una “pesada herencia” para la administración entrante de José Antonio Kast, con un escenario restrictivo que proyecta un déficit estructural de 2,7% del PIB en 2026, aún por encima de metas sostenibles. Críticas parlamentarias destacan que se trata del déficit estructural más alto en periodos sin crisis desde la pandemia, complicando la consolidación fiscal futura.

El gobierno defiende su gestión argumentando rigurosidad en el gasto y, especialmente, la estabilización de la deuda pública bruta en 41,7% del PIB (similar a 2024 y por debajo de proyecciones previas de 42,4%), lo que representa un freno al alza tras casi dos décadas y genera ahorros en intereses por más de US$1.000 millones. Sin embargo, el alto déficit estructural evidencia desafíos en la proyección de ingresos y el cumplimiento de la regla fiscal, dejando un legado económico controvertido en términos de sostenibilidad.

Por su lado el gobierno se defendió en la propia introducción del reporte.

“El cierre fiscal preliminar de 2025 ratifica que el crecimiento de la deuda bruta del Gobierno Central Total se frenó por primera vez en casi dos décadas: el indicador se mantuvo en 41,7% del PIB estimado para el año, cifra equivalente a la de 2024 e inferior a la proyección del IFP anterior”, se indica en la web de la Dipres.

“Preliminarmente se estima un déficit estructural de 3,55% del PIB para el año pasado. La diferencia con lo proyectado en el IFP anterior se explica principalmente por los mayores ajustes cíclicos de los ingresos de cobre y por la concreción de la recaudación tributaria no minera más baja en una década, excluyendo la pandemia”, agrega.

“En materia de gasto, se cumplió cabalmente con lo comprometido, y la ejecución fue equivalente al 24,3% del PIB estimado para el año, un punto porcentual por debajo del 24,4% del PIB de 2024”, sigue.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, resaltó que “al analizar el mediano plazo, hasta 2030, la deuda bruta se mantiene por debajo del nivel prudente de 45,0% del PIB, incluso en escenarios con menor crecimiento de la demanda interna y un precio del cobre más alto y de carácter más persistente”.

Fuente: Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025.