Por el delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud, el Ministerio Público formalizará a la exalcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, el próximo 16 de abril en el Juzgado de Letras y Garantía de la capital provincial de Última Esperanza. La solicitud fue presentada el viernes 13 de febrero por la fiscal jefe de Puerto Natales, Romina Moscoso.

De ser encontrada culpable, la exjefa comunal arriesga al menos presidio menor en sus grados medio a máximo, además de multa e inhabilitación temporal o perpetua para ejercer cargos u oficios públicos. Las acusaciones recaen en su calidad de representante legal de la Corporación Municipal de Natales (Cormunat) durante su gestión.

Oyarzo enfrenta además otros procesos judiciales. Hace un año, la administración encabezada por Ana Mayorga la denunció por fraude al fisco y administración desleal, atribuyéndole un perjuicio patrimonial superior a los $10 mil millones en la Cormunat y en la entidad comunal. A ello se suman demandas de ex trabajadores por despidos injustificados y una querella por presunto incumplimiento de requisitos en contrataciones a honorarios.

La exautoridad no es la primera figura política natalina requerida por la justicia. También aparece el exalcalde Fernando Paredes, vinculado al caso Luminarias LED, investigación en la que permaneció algunos meses en prisión preventiva a la espera de juicio.

Querella de docentes y asistentes

La comparecencia ante el Ministerio Público se origina en una querella criminal interpuesta en 2024 por 29 docentes y cuatro asistentes de la educación. En ella denuncian que la Corporación Municipal de Natales —su empleador hasta el 1 de enero de ese año, cuando fueron traspasados al Slep— realizó mensualmente descuentos por concepto de AFP y salud (Fonasa/Isapre) desde sus remuneraciones, pero no enteró esos montos en las instituciones correspondientes.

Según los antecedentes, la deuda previsional acumulada superaría los mil millones de pesos, incluyendo seguros, cuotas sindicales y créditos de consumo, con obligaciones que se arrastran desde 2022. Solo en el Programa de Integración Comunal, se adeudarían cerca de $370 millones en pagos previsionales y de salud.

La parte querellante sostiene que la práctica atribuida a la administración municipal “vulnera gravemente el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus remuneraciones —incluidas las cotizaciones previsionales— y altera de manera significativa su red de protección social”. En el escrito se califica además como grave que autoridades regionales y nacionales del Ministerio de Educación habrían estado en conocimiento de la situación.

Impacto en los trabajadores

Los denunciantes relatan que la alerta surgió al comenzar a acumular rechazos en solicitudes de créditos de consumo, hipotecarios, tarjetas bancarias e incluso contrataciones de servicios básicos, tras la revisión de sus antecedentes previsionales. Junto al perjuicio económico, describen un fuerte desgaste emocional derivado de gestiones de cobranza mediante llamados, correos y mensajes, advirtiendo además el riesgo de perder cobertura de salud en algunos casos.

Estos hechos fueron denunciados inicialmente ante la Inspección Provincial del Trabajo de Última Esperanza en mayo de 2023, dando origen a las acciones judiciales que hoy mantienen a la exalcaldesa ad portas de su formalización.

Redacción ZonaZero.cl