Este miércoles fue aprobado por unanimidad en el senado la reforma de la ley N° 20.019. Esta regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Un cambio en la norma que otorgaría mayor transparencia y el fin a la multipropiedad de clubes.

El fútbol chileno está ad portas de uno de los cambios institucionales más profundos desde la implementación de las sociedades anónimas deportivas en 2005. La reforma a la Ley N°20.019, actualmente en su tramo final de tramitación legislativa, busca modificar el modelo de gobernanza del fútbol profesional, introduciendo mayores estándares de transparencia, regulando conflictos de interés y reestructurando la organización del deporte en el país.
El proyecto, impulsado en el Congreso desde hace varios años y reactivado en medio de cuestionamientos a la administración del fútbol nacional, pretende atacar tres problemas estructurales: la falta de transparencia en la propiedad de los clubes, los conflictos de interés derivados de la multipropiedad y la confusión institucional entre federación y liga profesional.

Si el proceso legislativo culmina según lo previsto por el Ejecutivo, la normativa podría convertirse en ley durante 2026, obligando a los clubes y organismos del fútbol profesional a adecuar sus estructuras en un plazo determinado por los artículos transitorios.

Fin a la multipropiedad: el cambio más radical
Uno de los pilares de la reforma es la prohibición absoluta de la multipropiedad en el fútbol profesional. La normativa establece que ninguna persona natural, empresa o fondo de inversión podrá tener participación —directa o indirecta— en más de un club. Hasta ahora, la regulación permitía que un mismo controlador tuviera equipos en distintas categorías. Con la nueva ley, esa posibilidad desaparece: incluso una participación mínima quedaría prohibida.
El objetivo es eliminar conflictos de interés que, según legisladores y especialistas, han afectado la credibilidad de las competencias. Casos de control cruzado entre clubes o sospechas de vínculos empresariales ocultos han sido parte del debate en los últimos años.
La ley además incorpora sanciones y la obligación de desprenderse de participaciones en caso de incumplimiento.

Representantes fuera de la propiedad de los clubes
Otro cambio clave apunta a los agentes y representantes de futbolistas. La reforma establece que estos actores no podrán ser dueños ni accionistas de clubes, ni directa ni indirectamente.
La medida busca evitar conflictos de interés en el mercado de transferencias y en la gestión deportiva, especialmente en un contexto donde algunos intermediarios han adquirido creciente influencia en la estructura del fútbol sudamericano.

Transparencia total en la propiedad
El proyecto también obliga a las sociedades anónimas deportivas a identificar a sus beneficiarios finales, es decir, las personas naturales que realmente controlan los clubes.
Esta información deberá ser declarada ante las autoridades correspondientes, reforzando la fiscalización estatal a través del Instituto Nacional del Deporte (IND) y otros organismos reguladores.
La medida apunta a evitar estructuras societarias opacas o triangulaciones financieras que dificulten conocer quién toma las decisiones en el fútbol profesional.

Separación entre Federación y liga profesional
Uno de los cambios institucionales más relevantes es la separación estructural entre la Federación de Fútbol de Chile y la organización de la liga profesional.
Actualmente ambas funciones conviven en una misma estructura, donde la ANFP opera como organismo que administra las competencias y al mismo tiempo forma parte de la federación.
La reforma busca replicar un modelo más común en el fútbol internacional:
La Federación se concentrará en la representación internacional, selecciones nacionales y desarrollo del fútbol.
La Liga profesional será una entidad separada encargada de administrar las competiciones profesionales.
Esto implicaría, en la práctica, el fin de la ANFP tal como se conoce hoy y su reemplazo por una organización distinta para la gestión de la liga.

Otros cambios relevantes
Participación directa de universidades en clubes, sin necesidad de intermediación de sociedades anónimas.
Mayor fiscalización estatal sobre las sociedades anónimas deportivas.
Restricciones a la presencia de sociedades anónimas en divisiones amateurs, devolviendo protagonismo a los clubes sociales.

Aunque el proyecto está cerca de transformarse en ley, aún debe pasar por el tercer trámite constitucional en la cámara del Senado para finalmente ser ratificada la reforma en el estatuto. Su aplicación no será inmediata, ya que la normativa contempla un período de transición para que clubes, federación y liga profesional adecuen sus estructuras jurídicas.

Según indicó el principal promulgador de la reforma, el senador Matías Walker, serán 18 meses el tiempo que tendrán las instituciones para realizar estos cambios y ejecutarlos en la práctica.
Ese proceso podría implicar reordenamientos accionarios, redefinición de la gobernanza del fútbol chileno y la eventual salida de actores que hoy mantienen participaciones en más de una institución.

Para sus impulsores, la ley busca instalar estándares de transparencia similares a los de otras industrias reguladas. Desde la ANFP no creen en esto y argumentan que el desafío estará en que la nueva institucionalidad sea capaz de aplicarse sin generar nuevas tensiones entre el Estado, los clubes y los organismos internacionales del fútbol. Lo cierto es que, si se concreta, la reforma modificará en gran manera la forma en que se administra el fútbol profesional en Chile.

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