Natales: funcionarios acumulan récord de horas extras y millonarios pagos
En Puerto Natales, los pagos por horas extraordinarias a funcionarios municipales han generado controversia tras revelarse cifras elevadas obtenidas vía Ley de Transparencia. Entre 2024 y 2025, la municipalidad desembolsó un total de $81.610.209 por concepto de horas extras, equivalentes a 17.447 horas trabajadas: 8.968 en 2024 (bajo la administración de la exalcaldesa Antonieta Oyarzo) y 8.479 en 2025 (gestión de la actual alcaldesa Ana Mayorga), según reveló un artículo de La Prensa Austral.
El gasto se concentró principalmente en áreas operativas, como Residuos Domiciliarios y Maestranza, que absorbieron el 58,8% del presupuesto total. En junio de 2025, se registró el pico más alto con $14.068.900 pagados por 2.490 horas a 66 funcionarios. Varios casos superaron ampliamente las 100 horas mensuales, lo que cuestiona el principio de excepcionalidad establecido en la Ley N° 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), que limita las horas extras a situaciones de necesidad urgente del servicio.
Entre los registros destacados figura el auxiliar de maestranza Gonzalo Silva Barrientos, quien acumuló 157 horas extras en junio de 2024. Otros ejemplos incluyen a Cristian Pino Reyes (144 horas en junio de 2025, por $452.034), Tránsito Méndez Salgado (jefe de Operaciones Maestranza, 130 horas en junio de 2025, por $953.227) y Teodoro Zúñiga Vera (operador de maquinaria pesada, 90 horas en junio de 2025, por $410.094). Al menos 22 funcionarios superaron las 80 horas mensuales en distintos periodos, duplicando umbrales habituales.
Desde la actual administración comunal se indicó que “no se pagan horas extra, a excepción de contados casos en operaciones y emergencias”, y que el resto correspondería a horas compensatorias con tope de 18 horas mensuales. Sin embargo, los datos revelan pagos que exceden estos límites, incluyendo compensaciones retroactivas por sumarios administrativos y suplencias.
Este escenario reabre el debate sobre la fiscalización y el control del trabajo extraordinario en la administración pública local, donde las necesidades operativas parecen haber derivado en prácticas que tensionan la normativa vigente y generan un costo estructural significativo para las arcas municipales.
