La situación de la colonia de pingüinos en la Isla Magdalena entró en una fase judicial luego de que una organización ambiental presentara un recurso de protección contra la Corporación Nacional Forestal y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La acción acusa falta de fiscalización efectiva y ausencia de información actualizada sobre el estado de la especie.

La causa fue acogida a trámite por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que solicitó informes a ambas instituciones. Por ahora, el tribunal no adoptó medidas cautelares que suspendan las visitas turísticas en la isla, lo que mantiene en operación uno de los principales circuitos de turismo de naturaleza de la región.

Disminución de la población

El recurso sostiene que la población de pingüinos de Magallanes ha experimentado una caída significativa en las últimas décadas, pasando de cifras históricas de decenas de miles de parejas reproductivas a un nivel considerablemente menor en la actualidad. La falta de monitoreos recientes y sistemáticos es uno de los puntos centrales de la reclamación, ya que, según los recurrentes, impide dimensionar con precisión la magnitud del fenómeno y sus causas.

Otro de los ejes del recurso es el impacto de la actividad turística dentro del Monumento Natural Los Pingüinos, área protegida que incluye la isla. Se plantea que no existirían evaluaciones actualizadas sobre la interacción entre visitantes y fauna, ni estudios que midan los efectos acumulativos del flujo turístico durante la temporada reproductiva.

En ese contexto, también se cuestionan las condiciones de acercamiento a los animales y la capacidad de fiscalización en terreno, especialmente en periodos de alta demanda.

Gestión institucional bajo revisión

El caso se produce en medio del proceso de instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entidad que asumirá progresivamente funciones en la administración de áreas protegidas del país. La acción judicial pone en cuestión la coordinación entre organismos y la continuidad de los sistemas de monitoreo y control.

En particular, se apunta a la utilización de información desactualizada para la toma de decisiones, lo que, según el recurso, debilita la gestión del área protegida y limita la implementación de medidas preventivas.

de esta manera, la Corte deberá revisar los antecedentes que entreguen las instituciones recurridas antes de resolver el fondo del caso. Mientras tanto, la actividad turística en Isla Magdalena continúa sin modificaciones.

El proceso abre un nuevo escenario para la administración de áreas protegidas en Magallanes, en un contexto donde la conservación de especies y el desarrollo turístico conviven bajo creciente presión.

Redacción ZonaZero.cl