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Tras 10 años de espera: ley SADP es aprobada y se vendrían cambios en el fútbol chileno

En una jornada clave para el deporte nacional, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), iniciativa que busca transformar de fondo la estructura del fútbol chileno y corregir problemas históricos de transparencia y gestión.

El proyecto, que llevaba 10 años en tramitación, fue respaldado como un paso decisivo hacia una mayor regulación del sistema, con énfasis en evitar conflictos de interés y modernizar la administración de los clubes. Uno de los puntos más relevantes de la reforma es el fin de la multipropiedad, lo que impedirá que una misma persona o grupo económico controle más de un club, una práctica cuestionada por su impacto en la competitividad. 

Además, se establecen nuevas reglas para los representantes de jugadores, quienes no podrán tener participación en la propiedad ni en la gestión de los equipos, buscando evitar influencias indebidas en decisiones deportivas. 

Otro eje clave es la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, con el objetivo de delimitar funciones y dar mayor autonomía institucional, uno de los cambios más profundos del modelo actual.

La reforma también fortalece los mecanismos de control, otorgando mayores atribuciones a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para supervisar a las sociedades que administran clubes. A esto se suma el refuerzo de la transparencia en la gestión y la creación de espacios para una mayor participación, incluyendo a los hinchas en ciertos ámbitos de decisión, en línea con un modelo más abierto y fiscalizado.

Pese al amplio respaldo político, el proyecto generó debate en el mundo del fútbol. Dirigentes y actores del medio han planteado dudas sobre algunos aspectos, especialmente en torno a la implementación de los cambios institucionales. Sin embargo, desde el Gobierno y parte importante del Congreso defienden la iniciativa como una oportunidad para ordenar el sistema y garantizar reglas claras en una actividad que también tiene un fuerte componente económico.

El nuevo marco legal apunta a un modelo más transparente, regulado y con menor espacio para conflictos de interés, en un intento por recuperar la credibilidad y estabilidad del deporte profesional en el país.

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