La investigación por colusión en la industria de la centolla magallánica entró en una fase clave. Esta semana, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) exhibió por primera vez el expediente completo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), dejando al descubierto el nivel de coordinación entre empresas y ejecutivos que dominaron el mercado durante años.

No se trata solo de papeles. Hay llamadas telefónicas interceptadas, correos electrónicos, documentos incautados y delaciones que, en conjunto, configuran uno de los casos más graves de concentración y manipulación de precios en la pesca regional.

El caso apunta a siete empresas que, entre 2017 y 2021, concentraron entre el 81% y el 88% de las compras de centolla en Magallanes, lo que en la práctica les permitió influir directamente en los precios pagados a los pescadores artesanales.

Entre las empresas involucradas figuran:
• Bakkavör Chile S.A.
• Pesquera Niebla S.A.
• Pesquera Isla del Rey S.A.
• Proyecta Corp S.A.
• Pesquera Cabo Froward
• Pesquera Bahía Chilota
• Productos Marinos Puerto Williams
• International Sea Food S.A.

A ellas se suman ejecutivos clave como:
• Rodrigo Allimant Antolsei
• Mónica Cárdenas Castro
• Juan Guillermo Reutter Reinking
• Mario Fernandino Pagueguy
• Manuel Inostroza Márquez
• Fernando Ossa Barros
• Edmundo Díaz Bahamonde
• Catalina Besnier Anguita

Además, no comparecieron en la audiencia:
• Elaboradora de Alimentos Porvenir S.A.
• Ricardo Anguiano Sepúlveda

El corazón del caso: delación compensada y pruebas intrusivas

El punto de quiebre fue la delación compensada presentada en 2020 por Bakkavör Chile y sus empresas relacionadas, junto a tres de sus ejecutivos.

Ese proceso permitió a la FNE acceder a 394 archivos con evidencia digital, imágenes forenses de celulares, correos electrónicos corporativos, y declaraciones grabadas. Pero lo más sensible está en el denominado Anexo N°2, donde aparecen medidas intrusivas autorizadas judicialmente.

170 llamadas interceptadas: cómo operaba la coordinación

La investigación incluye 170 comunicaciones telefónicas interceptadas por el OS-9 de Carabineros, distribuidas así:
• 66 llamadas de Edmundo Díaz Bahamonde (Productos Marinos Puerto Williams)
• 28 llamadas de Ricardo Anguiano (Elaboradora Porvenir)
• 76 llamadas de Fernando Ossa (Pesquera Bahía Chilota)

Estas escuchas son consideradas clave porque permitirían demostrar coordinación directa en los precios de compra de la centolla.

A esto se suman allanamientos en oficinas de ejecutivos, donde se incautaron al menos 55 documentos relevantes, archivos vinculados a decisiones comerciales, e información interna sobre operaciones.

Todo el material está contenido en un expediente de seis tomos principales y 1.536 archivos documentales.

La polémica de los 58 mil documentos

Uno de los momentos más tensos de la audiencia ocurrió cuando se cuestionó a la FNE por no exhibir los 58.000 documentos originalmente mencionados. La Fiscalía respondió que ese volumen corresponde a copias completas de dispositivos, y que solo cerca de 2.000 documentos fueron realmente analizados e incorporados al caso. El TDLC dejó abierta la posibilidad de exigir más antecedentes en futuras audiencias.

El denunciante: “los afectados no han reaccionado”

Detrás de este caso hay un nombre clave: José Hernández Villarreal. Él fue quien levantó la alerta inicial y hoy observa con frustración la reacción del sector: “Hay mucha dispersión. No ha habido participación activa de los dirigentes, pese a que ellos son los afectados”.

Hernández también apunta a un factor político y según afirma, declaraciones iniciales de autoridades bajaron las expectativas de acciones judiciales. Aun así, mantiene su confianza en el proceso: “Confío en que el TDLC va a dejar firme lo que dictaminó la Fiscalía”.

El impacto real: miles de familias afectadas

Según la FNE al menos 2.000 familias por año habrían sido afectadas, durante más de 9 temporadas consecutivas y con precios presuntamente manipulados.

Las multas solicitadas superan las 62.000 UTA, lo que convierte este caso en uno de los más grandes en materia de libre competencia en el sector pesquero. Y al mismo tiempo, un tremendo golpe al corazón económico de Magallanes, porque la centolla no es cualquier recurso.

Es uno de los pilares de la economía pesquera con impacto directo en el ingreso de pescadores artesanales, empleo en plantas procesadoras, exportaciones regionales, y encadenamientos productivos.

Porque cuando el precio de compra se manipula, no solo pierde el pescador, si no que pierde toda la cadena. Y más que colusión, esto es más concentración y poder. Asimismo, lo que revela este caso no es solo coordinación ilegal de precios, si no que expone algo más profundo: Alta concentración del mercado, dependencia de pocos compradores, y asimetría total frente al pescador artesanal. En simple, pocos actores fijando condiciones para muchos.

Lo que viene

El proceso en el TDLC sigue abierto y podría escalar en nuevas diligencias probatorias, eventuales sanciones millonarias, y demandas colectivas de pescadores.

Pero también abre un debate mayor… ¿Cómo se regula un mercado clave para Magallanes que, durante años, habría operado bajo reglas distorsionadas?

Equipo investigación ZonaZero.cl