No es solo una discusión legal. Es una definición estratégica sobre el futuro económico del sur austral. La propuesta impulsada en el marco del Plan Salmón 2050 (con base en un estudio de la Universidad San Sebastián) busca modificar uno de los puntos más sensibles de la Ley Lafkenche: La determinación del uso consuetudinario del borde costero.

El cambio central es profundo. Trasladar esa definición desde la administración hacia los tribunales de justicia, manteniendo la consulta indígena exigida por el Convenio 169 de la OIT, pero restándole carácter vinculante. A simple vista, parece un ajuste técnico. En la práctica, puede reordenar completamente el mapa de inversiones en el sur del país.

Hoy, uno de los principales obstáculos para el desarrollo acuícola (especialmente salmonero) es la superposición de solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), amparados en la Ley Lafkenche.

Para la industria, esto se traduce en proyectos detenidos por años, incertidumbre regulatoria, e inversiones congeladas. Por su parte, la propuesta del Plan Salmón 2050 intenta destrabar ese escenario mediante un concepto clave: Certeza jurídica.

Es decir, que sea un tribunal, y no un órgano administrativo, quien determine si existe o no uso consuetudinario, con base en antecedentes técnicos.

La señal política: presión por reactivar inversión

Las declaraciones de algunos parlamentarios de la macrozona sur han reflejado la urgencia que está instalando el mundo político desde Los Lagos a Magallanes: Caída de inversión acuícola, aumento del desempleo, y estancamiento productivo.

Según se advierte, regiones como Aysén y especialmente Magallanes enfrentan un escenario aún más complejo. Y aquí aparece el punto clave. Magallanes no está en el centro del debate… pero sí en sus consecuencias.

Magallanes: el territorio en espera

A diferencia de Los Lagos o Aysén, Magallanes es vista por la industria como una frontera productiva aún en expansión, particularmente en salmonicultura, procesamiento de recursos marinos, y exportación acuícola.

Pero ese potencial está condicionado por un factor estructural: El acceso al borde costero.

Si la actual normativa mantiene altos niveles de incertidumbre los proyectos se retrasan, las inversiones migran a otras zonas o países, o sencillamente se frena la diversificación productiva regional

¿Qué cambiaría realmente con esta propuesta?

Si se concreta el cambio hacia tribunales directamente se acotan los tiempos, los procesos podrían dejar de extenderse indefinidamente en sede administrativa. Se eleva el estándar probatorio, y las solicitudes de uso consuetudinario deberán acreditarse con mayor rigor. También se reduce la discrecionalidad y las decisiones pasan a un tercero independiente.

Pero también hay riesgos como una mayor judicialización del conflicto, y las comunidades podrían enfrentar procesos más complejos. Sin dejar de lado, las tensiones sociales que podrían abrir un flanco con pueblos originarios si se percibe debilitamiento de sus derechos.

Proyección: tres escenarios para Magallanes

A partir de este debate, se pueden proyectar tres escenarios claros:

El primero es que la reforma avanza y destraba inversión. Esto provocaría reactivación de proyectos salmoneros, nuevas concesiones en Magallanes, mayor empleo regional y expansión exportadora.

El segundo escenario es si la reforma se diluye. Con eso continuaría la incertidumbre, una Región de Magallanes perdiendo competitividad frente a otros países, y con inversiones que se frenanarían o incluso migrarían.

Y el tercero apunta a una escalada posible en términos de conflicto social y judicial, donde nos enfrentaríamos a un aumento de litigios, a la paralización prolongada de proyectos, y una mayor tensión entre comunidades, el Estado y la industria.

En rigor, lo que está en juego no es solo la salmonicultura. Es la capacidad de Magallanes de diversificar su economía, generar empleo fuera del sector público, y aprovechar su posición estratégica en el extremo sur

Porque sin acceso claro al borde costero, no hay expansión productiva posible.

El Plan Salmón 2050 no es una política pública aún. Es una señal. Una señal de que el sur está empujando cambios estructurales para reactivar su economía. Y en esa discusión, aunque no siempre visible,
Magallanes es uno de los territorios donde más se juega el resultado.

Redacción ZonaZero.cl