La Corte de Apelaciones de Copiapó dictó una orden de no innovar respecto a la licitación del litio, por lo que suspendió este proceso que busca la explotación, exploración y beneficio de este recurso natural. La decisión fue celebrada por integrantes de la oposición, quienes aseguraron que la iniciativa impulsada por el gobierno de Piñera se está llevando «de manera ilegítima».
Este viernes, la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite un recurso de protección en contra del proceso de licitación del litio en el norte de Chile.
En esa línea, dictó una orden de no innovar que suspende esta iniciativa, que busca la explotación, exploración y beneficio de este recurso natural.
La acción judicial había sido ingresada por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, antes de que el Ministerio de Minería anunciara la adjudicación de dos de las cinco cuotas que se ofrecían.
Cabe recordar que el Gobierno dio a conocer este miércoles que las empresas BYD Chile SpA (de capitales chinos) y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. se alzaron en este proceso.
Con ello, cada una se adjudicó una cuota de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME).
En conversación con Radio Bío Bío, el gobernador Vargas explicó que “en la zona donde se encuentran los yacimientos de litio hay interés turístico, hay ecosistemas que hay que proteger, están las comunidades collas. (…) Puede poner en riesgo otras actividades y el entorno natural que queremos proteger”.
“El principio de igualdad ante la ley, sobre todo en el ejercicio de actividades económicas, es muy importante. Estos argumentos fueron acogidos en el proceso de admisibilidad. Es una resolución esperanzadora y ahora vamos a ir a discutir el fondo de los temas que ahí se plantearon”, agregó.
El diputado Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, celebró la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó y aseguró que “la presión política y social ha encontrado un buen resultado”.
Además, afirmó que el gobierno del presidente Sebastián Piñera está llevando a cabo este proceso “de manera ilegítima en las postrimerías de su mandato”.
Por otra parte, recordó que presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, del cual todavía no se emite resolución.
Por su parte, la diputada Catalina Pérez (RD) expresó que “es evidente la afectación de derechos de las comunidades que implica esta licitación”.
“La decisión del Gobierno es un problema económico, estratégico, ambiental y de derechos”, agregó.
La licitación del litio ha marcado la pauta de las últimas semanas por la disputa entre el gobierno saliente y el entrante. Ayer, en su discurso ante Enade, Gabriel Boric repasó a la actual administración por este tema.
