No podíamos terminar esta secuencia sin escribir algunas líneas sobre un personaje enigmático, excéntrico y, a nuestro entender, clave para comprender cómo se crearon distintas instituciones en Chile durante las primeras décadas del siglo XX, algunas de las cuales funcionan hasta el día de hoy; otras, que fueron la principal excusa que tuvieron las autoridades de la dictadura cívico militar para promover cambios en la estructura socioeconómica del país, son estudiadas en la actualidad por jóvenes economistas, historiadores y gente vinculada al ámbito de las ciencias sociales; y algunas, que esperan ser revisadas, para evaluar la conveniencia de reactivarlas, adecuándolas a las necesidades de los tiempos que vivimos.
A menudo ignoramos que detrás de la fundación de la Contraloría General de la República, de la Oficina de Presupuestos o del Servicio de Impuestos Internos, se halla la figura de un abogado y político, nacido en Valparaíso en 1886 que después de estudiar cuatro años la carrera de leyes en la Universidad Católica de Chile, en Santiago, obtuvo su título de abogado cursando los últimos semestres en la Universidad de Chile y que en 1909 fue nombrado miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ese hombre se llamaba Pablo Ramírez Rodríguez.
Hasta hace algunos años, con la excepción del historiador Gonzalo Vial Correa y de breves semblanzas en olvidados textos universitarios se desconocía casi todo con respecto a la vida de este gran hombre de Estado hasta que el abogado Jaime Esponda Fernández publicó en 2013, con el sello RIL, un estudio de 376 páginas, denominado “Pablo Ramírez: el chileno desconocido” donde redescubre al principal reformador que tuvo la administración pública chilena, desde la época de Diego Portales.
Figura extrovertida, fue diputado por cuatro circunscripciones diferentes; desde 1912 a 1915 por Valdivia y La Unión; después, entre 1915 y 1918, por Constitución, Cauquenes, Chanco e Itata; luego, desde 1918 a 1921, por Villarrica, Valdivia, La Unión y Río Bueno; y finalmente, por Tarapacá y Pisagua, desde mayo a septiembre del año 1924.
Recordemos que una Junta Militar de Gobierno clausuró el Congreso Nacional, un 12 de septiembre de 1924, un día después de haber tomado el poder, luego que el presidente Arturo Alessandri pidiera un permiso constitucional especial para salir del país, debido a la crisis política que se suscitó cuando oficiales militares reclamaron en el Parlamento por los bajos salarios que percibían, lo que puso en jaque a toda la clase política.
Aquellos militares elevaron al presidente un memorándum que contenía un proyecto de profundas reformas sociales; entre ellas se imponía algunas iniciativas necesarias como la delimitación de la jornada laboral en ocho horas; la creación de una Inspección del Trabajo, de seguro obligatorio contra accidentes y otras de carácter previsional.
El Congreso aprobó el paquete de medidas en unas cuantas horas, lo que instó a los militares a solicitarle al presidente Alessandri que disolviera el Parlamento, lo que excedía las atribuciones del ejecutivo. Colocado en un callejón sin salida, el Presidente solicitó una licencia por seis meses, lo que significó en la práctica, entregar el poder a los militares.
Pablo Ramírez tomó nota de todo aquello. En el gobierno de Juan Luis Sanfuentes había sido durante cuatro meses, desde mayo a septiembre de 1919, ministro de Justicia e Instrucción Pública. De modo, que ya tenía suficiente experiencia para asumir cargos en el aparataje del Estado, cuando el presidente Emiliano Figueroa, lo nombró como titular de Hacienda, el 9 de febrero de 1927.
En su nueva investidura, promovió los mayores cambios que se recuerden en aquél ministerio. Por de pronto, Ramírez consideraba vital para el ordenamiento fiscal, la creación de organismos que regularan la recaudación de impuestos y organizaran las finanzas del Estado. Para tales efectos, fundó la Tesorería General de la República, con el objeto de centralizar el manejo de los ingresos y egresos del fisco; una sección encargada de ordenar las entradas y gastos del erario nacional que llamó Dirección de Presupuesto, y ante, la falta de un sistema de control de egresos, en una administración que gastaba sin fiscalizar, dispuso de la creación de la Contraloría General de la República, nacida un 26 de marzo de 1927, de la cual Ramírez fue su primer Contralor.
Numerosas fueron las instituciones que se generaron de su pluma e inventiva, como la Inspección General de Sociedades Anónimas y Operaciones Bursátiles; las Superintendencias de Seguros y del Salitre y Yodo; el Instituto de Crédito Industrial y los Servicios de Impuestos Internos y de Aduanas.
Durante el primer gobierno autoritario del coronel Carlos Ibáñez del Campo, llegó a ser triministro: de Agricultura, Industria y Colonización, por espacio de casi tres meses, desde el 6 de septiembre al 30 de noviembre de 1927; de Educación, desde el 17 de octubre de 1928 al 11 de marzo de 1929 y por cierto, de Hacienda, desde el mencionado 9 de febrero de 1927 al 24 de agosto de 1929.
El presidente Ibáñez lo comisionó para que creara la Compañía Salitrera de Chile (COSACH) en momentos en que surgía el salitre sintético, que trajo graves repercusiones en la economía nacional.
A Ramírez se le recuerda también por ser el ideólogo del antiguo sistema previsional chileno que rigió en el país hasta las reformas de 1980. Existieron en total unas cincuenta y dos cajas previsionales que aseguraban a sus afiliados con un sistema de reparto, es decir, las cotizaciones de los trabajadores activos y los aportes del Estado (un 30%) iban a un fondo común, que se destinaban luego para pagar pensiones a los jubilados.
Pablo Ramírez fue ministro de Hacienda nuevamente en el gobierno de Juan Antonio Ríos Morales, desde mayo de 1945 hasta agosto de 1946. Estando en posesión del cargo, se produjo el descubrimiento del petróleo, en Springhill, sector de Manantiales en Tierra del Fuego.
Se cumplía uno de sus antiguos anhelos: desarrollar la industria de los hidrocarburos con la tutela del Estado, como lo había previsto en 1928, cuando redactó la ley que entregaba exclusivamente al fisco, las prospecciones de los combustibles en Chile.
Pablo Ramírez falleció en Santiago, un 11 de julio de 1949.
