Por Mauricio Vidal Guerra
La misiva que se envió a los medios de comunicación ayer por parte del presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Tolentino Soto, y que fue acompañada en apoyo por las rúbricas de los consejeros Antonio Bradasic, Miguel Sierpe, Ramón Lobos, Emilio Boccazzi, Andrés López y Manuel Loncón, ha causado más de una pregunta.
Sobre todo ya que por medio de la carta se deja absoluta claridad respecto de la propiedad del edificio en cuestión: «la Administración Superior de nuestra Región está a cargo del Gobierno Regional, institución que tiene por finalidad el desarrollo social, cultural y económico de Magallanes y que, para el ejercicio de sus funciones, posee personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, es decir, distinto e independiente del nivel central. En palabras simples, el Gobierno Regional tiene sus propios bienes y es dueño de los mismos… el único dueño del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, ubicado en Plaza Benjamín Muñoz Gamero de la ciudad de Punta Arenas, es el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, lo que consta en escritura pública suscrita el año 2008 e inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Punta Arenas el año 2011». Más claro echarle agua.
Ahora bien, ¿qué sucede con el resto de los cores? Marcelo Garrido (RN), Yammy Warner (UDI), Antonio Ríspoli (RN), Juan Vukusic (PC), Jorge Balic (UDI) y Roxanna Gallardo (UDI) no firmaron la carta. Es más, la información extraoficial es que varios habían dicho que sí firmarían la misiva y horas después tuvieron que cambiar de opinión. ¿Por qué? La primera razón podría basarse en el desconocimiento de los propios cores respecto de la Ley, lo cual sería gravísimo y hablaría pésimo de quienes están a cargo de la administración de los recursos y el patrimonio regional. Desconocimiento de los documentos hechos públicos hace algunos días. De la propiedad del edificio de la plaza, de la inscripción en Bienes Raíces. Otra razón podría ser que recibieron instrucciones partidarias, o desde la propia Intendencia, para no avalar la misiva. Cuestión que sería muy negativa y que apuntaría a desconocer la Ley, y los documentos que reafirman la propiedad del edificio.
La tercera razón, y bajo mi punto de vista, la más crucial en estos tiempos, es el simple hecho de no querer la real descentralización. El no jugársela por algo que las magallánicas y magallánicos hemos peleado por décadas. Desde los inicios de nuestra historia como territorio hemos visto las injusticias del hipercentralismo de este país. Y de la desconexión respecto de la realidad y necesidades que tenemos viviendo en el sur del sur.
Están poniendo por delante, una vez más, los intereses pobres y partidistas. Intereses individualistas, que en nada ayudan a lo que se requiere con urgencia. Una real descentralización.
Una situación que da vergüenza. Cuando las y los votantes han dicho fuerte y claro que no quieren seguir haciendo las cosas igual. Cuando la elección de Gobernador Regional es el primer paso a una verdadera descentralización. Cuando los gestos, las acciones, los deseos y las señales son muchos más importantes que una discusión barata sobre quién pesa más a la hora de la toma de decisiones.
El tema está zanjado administrativamente. Legalmente existe sólo un dueño y es el Gobierno Regional, que tiene la obligación de cuidar y proteger nuestro patrimonio regional.
Lo que está haciendo la intendenta, y los cores que deben responder por su silencio, es sencillamente ir contra la voluntad popular. Contra la democracia, contra los resultados del fin de semana pasado. Es ir en contra de nuestra propia historia, es ir en contra de la descentralización.
Vergüenza debieran tener los que siguen «haciéndole la pega» a Santiago y a los partidos políticos. Esos mismos que están yendo en contra de Magallanes con lo que están haciendo.
