Este martes se cumplen 100 días desde que se realizó el plebiscito de salida de la nueva constitución y que finalizó con un rotundo rechazo a la propuesta de la convención constituyente.
Han transcurrido catorce semanas desde que los partidos políticos con representación parlamentaria tomaron la manija del proceso, luego que el 62 por ciento de los electores dijera no al texto final.
La tarea no era fácil si se considera el escaso arraigo y prestigio que tiene la clase política entre los ciudadanos, quienes ven con creciente desconfianza las tratativas del Poder Legislativo, que pese al tiempo transcurrido no ha podido arribar a un acuerdo medianamente satisfactorio.
Durante estos meses hemos sido testigos de la inoperancia de los llamados a parlamentar para estructurar una fórmula que satisfaga a las partes, que hasta ahora siempre han terminado distanciándose en el momento en que deben estampar la firma.
Como en el clásico cuento de Pedrito y el lobo, los timoneles de los partidos de Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático y Chile Vamos han dañado su propia credibilidad, tras extensas jornadas de reuniones en las cuales la promesa inicial fue siempre la misma: “Ahora sí”.
Lo cierto es que el resultado de la pésima gestión realizada es la desafección de las personas por la institucionalidad partidaria, que es uno de los pilares del sistema democrático que rige en nuestro país. Tanto que el propio Presidente Boric les pidió llegar pronto a un acuerdo, aunque sea imperfecto y no deje a todos contentos, puesto que seguir dilatando las conversaciones es el abono perfecto para el crecimiento de ideologías populistas.
El más reciente desaguisado ocurrió este fin de semana cuando se trabaron las negociaciones porque Renovación Nacional y Amarillos por Chile no aceptaron la propuesta oficialista de una convención mixta atenuada, que estaría compuesta por 70 miembros electos y 30 expertos con derecho a voto en la etapa de armonización y cierre del texto constitucional.
Luego del abrupto final, los rostros desencajados de los presidentes de partidos daban cuenta de la tensa jornada vivida en la sede santiaguina del Congreso, que ha sido mudo testigo de la falta de claridad y coherencia de la clase política, además de sus pequeñeces, ambiciones e individualismo extremo.
La responsabilidad -o irresponsabilidad- recae en todos y todas las participantes que aceptaron la presencia en la mesa de un grupo de escindidos, integrado principalmente por partidarios de la ex Concertación, que se transformó en la piedra de tope y en más de una oportunidad se las ha arreglado para torcer la voluntad de las colectividades de oposición.
Me refiero a Amarillos, un movimiento instrumental que nació para impedir la ratificación de la nueva Constitución y que logrado su objetivo, se le despertó el apetito de poder y en la actualidad tramita en el Servel su legalización como partido.
Es a esta variopinta agrupación a la que han apuntado los dedos acusadores de los presidentes del Partido Socialista, PPD y Revolución Democrática, responsabilizando a Amarillos de “tensionar la negociación y corretear a la derecha, a Chile Vamos, hacia posiciones más bien extremistas que terminan boicoteando la mesa”.
Luego de cien días de nada más que bla, bla, bla, los chilenos y chilenas estamos agotados y desconcertados. Si la intención es lograr un acuerdo, quizás llegó el momento de aplicar un tratamiento extremo: encerrar bajo siete llaves a los responsables de encontrar una solución y liberarlos solo cuando muestren el documento final firmado por todos y todas.
Basta de dilaciones y pérdida de tiempo, Chile no puede seguir esperando eternamente que las autoridades políticas hagan bien su trabajo.