En los últimos días el yate Witness de Greenpeace se acercó a centros de producción salmonera colocando el peligro la bioseguridad de estos sectores, según se desprende de su propio itinerario y declaraciones de la tripulación.

Una paradoja si se atiende al discurso del proyecto: ser testigo de cualquier actividad que afecte al medioambiente.

En el marco de su viaje el yate y sus tripulantes pudieron haber afectado el estatus sanitario de zonas en las que se desarrolla una actividad productiva que en la actualidad representa uno de los mayores ingresos para Magallanes y que se refleja además en más 8000 mil puestos de trabajo directo e indirecto, señalan fuentes del sector.

Algunos de los centros que “visitó” el Witness se encuentran sospechados del virus ISA por lo que las empresas mantienen una estricta vigilancia de sus aguas.

Aunque en numerosas ocasiones a lo largo de las pasadas semanas los integrantes de la tripulación han indicado que iban a “trabajar” en los canales y fiordos, donde funciona la industria salmonera, el permiso con el que viaja el Witness no incluye actividades investigación científica o similares, detallaron fuentes en las capitanías de Punta Arenas y Puerto Natales.

Por caso, esto le impide tomar muestras del agua o extraer desde moluscos hasta peces, entre otras actividades requeridas para el quehacer científico.

Si se observan los posteos del equipo de Greenpeace en redes sociales se observará que en varias oportunidades los tripulantes dan a entender que se encuentran llevando adelante tareas de investigación o incluso mencionan la palabra “trabajando” para referirse a su paseo por Magallanes.

Las empresas salmoneras han mostrado su profunda preocupación por las consecuencias que podría involucrar el viaje de la ONG que, de acuerdo a la evidencia pública, tiene una finalidad para la cual no está autorizado.

De acuerdo al Decreto 711 del ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina: “Toda persona extranjera, natural o jurídica, personalmente o debidamente representada que desee realizar trabajos de investigación científica y/o tecnológica marina en la zona marítima de hasta 200 millas bajo jurisdicción nacional, incluida sus aguas, su atmósfera, su plataforma continental, suelo y subsuelo, deberá presentar una solicitud a lo menos con seis meses de anticipación a la fecha en que se pretenda iniciar la investigación. La solicitud podrá presentarse al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, por intermedio del Organismo Oficial del país del solicitante encargado de las Relaciones Exteriores o de la representación diplomática de su país en Chile o directamente al Instituto Hidrográfico de la Armada”.

De lo contrario será objeto a diversas sanciones, explican en las oficinas portuarias.

Sin embargo, Greenpeace declaró ante las autoridades que el Witness es un yate de “recreación”. En definitiva, un permiso que sólo le autoriza pasear y hacer turismo sin dejar impacto en el ambiente.

“Quienes tienen el permiso recreativo no puede tomar muestras del mar, ningún tipo de muestras, no pueden capturar moluscos o peces, por ejemplo. Tampoco se encuentran autorizados a realizar labores científicas porque sus fines son otros”, explicó a este medio el capitán de Fragata en Puerto Natales, Esteban Aguila, quien indicó que no estaba confirmado por parte de la institución si el yate había infringido la ley.

Otra fuente de la marina en Punta Arenas corroboró estos dichos. Este medio intentó comunicarse con funcionarios de Sernapesca pero no obtuvo respuesta.

El viaje del Witness a los centros de producción no estuvo precedido por ningún operativo especial de Sernapesca o Capitanía de puerto, hasta donde pudo averiguar este medios.

En uno de sus videos la directora de campaña de Greenpeace, explica Estefanía González, que forma parte de la tripulación del Witness, definió su recorrido como una labor y no como un paseo recreacional. “En nuestros próximos días de trabajo estaremos navegando rumbo a Puerto Natales documentando y visibilizando la biodiversidad”, explica en uno de los reels que se pueden ver en Instagram. Además se publicaron videos en los que el Witness se encuentra a metros de los centros de producción sin tener la debida autorización de los concesionarios del sector. Otra falta que podría acarrear multas.

Lo cierto es que más allá de las opiniones personales, las empresas salmoneras realizan una actividad que cumple con los requerimientos sanitarios y ampliamente fiscalizada a lo largo de cada año. En rigor, es la industria más fiscalizada del país.

No es el caso de una embarcación que se mantuvo en áreas que permanecen bajo un cuidado especial, por lo que podrían haber infringido los estrictos protocolos de bioseguridad en las aguas del sur, detallan expertos de la industria consultados.

Zona Zero intentó comunicarse con González quien, a través del departamento de Comunicaciones de Greenpeace, indicó que estaba muy ocupada para hablar con la prensa en esta ocasión. También le fue enviado un cuestionario, a pedido del mismo departamento, en el que se le consultaba por sus actividades, el cual no fue contestado.