Continúan las denuncias contra las actividades que está realizando en la región el yate Witness de Greenpeace.
Algunas de las imágenes reveladas en las redes sociales podrían violar el Decreto 711 en varios de sus artículos y en especial los referidos a registro de tecnología marítima y compilación de datos sensibles de la geografía chilena.
En este marco bien caldeado, también se manifestaron los integrantes de la Asociación Gremial de Prestadores de Servicios a la Industria Acuícola de Última Esperanza AG (APSIA), que representa a decenas de empresas que brindan servicios al sector. La organización envió una dura misiva a Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) manifestando su rechazo a las actividades que lleva adelante la tripulación del Witness.
“En los últimos días llegó a nuestra ciudad Puerto Natales el yate de turismo Witness de Greenpeace. A bordo traía un grupo de científicos ambientalistas, con la misión de irrumpir los sectores de cultivo de salmones, muestreando las aguas, fondos de mar y otras actividades que nos son comunes a realizar y mucho menos sin la autorización que corresponde”, indica el escrito.
“Queremos informar nuestra gran preocupación por la actitud tomada por esta ONG, tan libremente sin haber solicitado las autorizaciones correspondientes, para tal efecto que reza en el Reglamento de Control de las Investigaciones Científicas y Tecnológicas Marinas dentro de la Jurisdicción Nacional, en el Título I, Art N°1 y N°2, y que además tampoco cumple con los demás requisitos solicitados en los demás Arts. de este reglamento”, sigue.
“Nos preocupa en extremo velar por nuestra seguridad y la bioseguridad de nuestras aguas e industria, ya que al no contar con ningún tipo de autorización de buceo, de utilización de robot submarino, de filmaciones y otros, dejando claro que no paso por un control fitosanitario y fiscalización previa, lo que puede generar o traer vectores que pueden contagiar de alguna enfermedad a la industria y tampoco se podrían acercar a los centros de cultivo, ya que romperían los estrictos protocolos de no contaminación”, agrega.
“Al parecer estas personas de estas ONGS solo buscan intereses económicos pasando a llevar toda regla legal y sanitaria, en busca de información privilegiada y beneficios propios, que sin lugar a dudas también podrían ocasionar un desastre económico para Chile y nuestra región”, suma.
“Solicitamos a la brevedad que, si esta embarcación no cumple con las normativas, solicitamos detenerla o directamente obligarla a abandonar nuestras aguas protegidas para el bien de todos”, concluye.
