A escasos 20 días de que tengamos que volver nuevamente a las urnas, el aire está enrarecido por el abuso político que se hace del fenómeno de la delincuencia que asuela de forma inclemente las calles y ciudades de nuestro país.

La propaganda de la elección de consejeros constitucionales es un claro ejemplo de ello, con promesas que difícilmente podrán ser satisfechas a través de la nueva Constitución que comenzarán a discutir y redactar desde el 8 de mayo próximo los cincuenta candidatos que resulten electos.

Los promotores de esas ideas de alto impacto, pero escasa efectividad, lo saben y aun así insisten en alimentar el legítimo temor de los ciudadanos y ciudadanas a ser víctimas de asaltos, robos, abordazos, portonazos, homicidios y una larga lista de hechos criminales, ofreciéndoles soluciones populistas que sólo apuntan a obtener votos.

En medio de esto, los legisladores, representados por los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado -diputado Vlado Mirosevic y senador Juan Antonio Coloma- no quisieron quedar atrás en este frenesí legislativo y secundados por el Ejecutivo anunciaron una batería de proyectos de ley que se comprometen a tramitar en tiempo récord.

Son 31 iniciativas de ley, algunas de las cuales llevan años intentando llegar a puerto sin conseguirlo, aunque esta vez al menos se logró ordenarlas y ponerles un plazo definido para su tramitación, que debe comenzar con la aprobación en los próximos días de los tres proyectos de ley que sancionan los actos preparatorios o de conspiración para cometer sicariato.

En tanto, se comenta que existe la voluntad transversal para aprobar esas normas, pero subyace la incertidumbre mientras efectivamente los parlamentarios no les den el visto bueno con sus votos.

También es legítimo preguntarse si esta batería de leyes, anunciada con bombos y platillos, es la solución al fenómeno de la delincuencia. En mi opinión no, pero al menos apunta en la dirección correcta, en el sentido de dar señales de que las autoridades están ocupadas en la búsqueda de una institucionalidad más fuerte, ágil, moderna, que allane el combate a una criminalidad en permanente actualización, que se adapta rápida e ingeniosamente a las nuevas tecnologías y a las formas actuales de vida, casi siempre con mayor velocidad que la burocracia estatal.

Lo que no es tolerable ni deseable es que se legisle de cara a la galería o con la calculadora en la mano, buscando beneficios electorales cortoplacistas e individuales, con escasa proyección en el tiempo.

Asimismo, la normativa también debe incluir aquellos aspectos que hagan posible lo imposible hasta ahora, la creación de un sistema de inteligencia financiera para perseguir y castigar los delitos de cuello y corbata, tanto o más dañinos para la población que los que suelen llenar las páginas de los diarios y los matinales y noticiarios de la televisión.

Ahí está inserto un proyecto de ley que considero la madre de todas las batallas: el levantamiento del secreto bancario, que en otras ocasiones ni siquiera se ha podido poner en tabla para su discusión, dada la fuerte resistencia que produce en algunos sectores de la derecha política y empresarial su implementación. El gobierno se fijo un plazo de cinco meses para enviar un proyecto de ley que facilite a los investigadores determinar la trazabilidad del dinero que posee una persona u organización criminal.

Las expectativas de la ciudadanía son altas, tanto como la frustración y desapego hacia la democracia que puede producir un eventual fracaso de las medidas que se espera implementar este año y el próximo.