Las más de 20 mil personas que presenciaban el mediodía de este domingo el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, en el Estadio Municipal de Concepción, no podían creer que un pequeño grupo de encapuchados agrediera con bengalas y bombas de ruido a hinchas, futbolistas, árbitros, guardias, carabineros y periodistas, que huyeron despavoridos cuando nadie hacía nada para detener la acción vandálica.
La escena, lamentablemente, no es inusual por estos días en nuestro fútbol, lo que se agrava cuando los protagonistas del espectáculo deportivo son los tres clubes más grandes del país: Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica, que reiteradamente son sancionados por los excesos cometidos por pequeñas pero decididamente organizadas facciones de delincuentes que se disputan el poder en los estadios.
De nada ha servido el plan Estadio Seguro para detener de raíz la ocurrencia de este tipo hechos durante el desarrollo de los partidos de alta convocatoria y no da el ancho para investigar y sancionar a los autores de los desmanes, quienes operan con absoluta impunidad a vista y paciencia de quienes acuden a alentar de buena forma a sus equipos.
La aplicación de medidas más estrictas en los estadios es vital para sostener la existencia de los espectáculos deportivos, así como la instalación de cámaras, mejorar la iluminación y aumentar el número de efectivos de seguridad, acciones que podrían ayudar a disuadir a los miembros de las barras bravas de comportarse de manera violenta.
Paralelamente, se deberán establecer sanciones más duras para aquellos que se involucren en comportamientos violentos y desordenados en los estadios, incluso más allá de la prohibición de asistir a eventos deportivos, castigo que ha resultado ineficaz al no ir acompañado de la posibilidad de ejercer cargos penales en contra de los que trasgreden las normas.
También es necesario promover una cultura deportiva más saludable y respetuosa, en la que se fomente la competencia sana y se respeten las normas y los límites establecidos. Por cierto, los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la difusión de las ideas que destacan que la rivalidad es meramente deportiva y se da durante los 90 minutos que dura el juego, no antes ni después. En ninguna circunstancia se deben aceptar las previas belicosas entre adversarios, tan comunes en los programas de radio y televisión que anteceden a los partidos.
Asimismo, es fundamental establecer una comunicación más fluida entre las autoridades deportivas, las fuerzas de seguridad y los seguidores de los equipos, para coordinar las medidas necesarias y promover el respeto. Para ello, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), ente rector de la actividad, debe ser más activa en el plan de erradicación de las barras bravas, aplicando las más duras sanciones a quienes incumplen los códigos de conducta, sean estos jugadores, entrenadores, miembros de los cuerpos técnicos o seguidores de los equipos.
Pero, ¿bastará con esto para devolver la tranquilidad a los recintos deportivos? Claramente no, sobre todo porque las barras bravas se han convertido en verdaderas organizaciones criminales que usan los estadios para traficar drogas y cometer y planificar otros delitos. Si bien es cierto no todos los miembros de las barras bravas están involucrados en actividades criminales, la violencia y los disturbios que producen crean el ambiente propicio para la comisión de delitos.
También es archiconocida la relación que existe entre barras bravas y política. Se sabe que estas agrupaciones de fanáticos son usadas por algunos partidos políticos y candidatos como brigadas propagandísticas y de choque en períodos electorales, tal como el que finalizará el próximo 7 de mayo con la elección de los 50 consejeros constitucionales que deberán redactar la nueva Constitución de Chile.
Sobre esa base, es inaceptable la declaración oportunista de los diputados de la UDI que integran la comisión de Deportes de la Cámara, que emplazaron a la ANFP a suspender de manera indefinida el Campeonato Nacional de Primera División, “al menos hasta que no se garantice la seguridad de los espectadores, jugadores y trabajadores”. En esa misma línea, aunque con leves matices, se manifestaron algunos otros parlamentarios de todo el arco político. Algo tarde para reaccionar e intentar detener al Frankenstein que ayudaron a crear y que ahora tiene vida propia y no obedece sus instrucciones.
Por último, el Ministerio Público debe tomar medidas para garantizar que los delitos cometidos por los miembros de las barras bravas sean investigados y perseguidos adecuadamente, y que los responsables sean llevados ante la justicia y sancionados, incluyendo penas de prisión, multas y otras medidas disciplinarias.
También es importante que el Ministerio Público se asegure de que los casos de violencia en los estadios se manejen de manera oportuna y efectiva. Esto implica la asignación de recursos adecuados para la investigación y el enjuiciamiento de estos casos, así como la implementación de medidas de seguridad y prevención para reducir la violencia en los estadios y en sus alrededores.
Sólo así revivirá el más popular de los deportes que se practican en Chile, para alegría de quienes vibramos cada fin de semana -de Arica a Magallanes- con la participación de nuestros clubes favoritos.
