La anécdota es real. Tiempo atrás un ejecutivo de una importante empresa salmonera se cruzó en un aeropuerto con la directiva de una de las principales ONGs verdes en Chile.
-¿Cuál es, en definitiva, el proyecto que tienen ustedes?, aprovechó a preguntar el ejecutivo. La respuesta lo dejó en silencio y preocupado.
-Queremos erradicar la minería, la salmonicultura y transformar todo Chile en un parque nacional.
Honestidad brutal, diría Andrés Calamaro.
En el aire quedan varias ideas pero una sobresale del resto ¿Si todo es un parque nacional dónde van a vivir los chilenos? Y si a los chilenos se les permitiera “habitar” el parque ¿De qué vivirían’ ¿En qué trabajarían puesto que prácticamente toda actividad humana tiene un efecto sobre la naturaleza?
Lo que parecía un diálogo futurista se está convirtiendo en una oscura realidad en estas mismas horas.
Finalmente avanzó en el Congreso el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la posible modificación del artículo 158 de la Ley de Pesca. Básicamente esto significa que la actividad salmonera será expulsada por ley de las reservas nacionales y forestales.
En este mismo sentido el 16 de mayo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución por el cual le solicitan al Presidente Gabriel Boric la firma de un Decreto Supremo para que no se renueven ni otorguen nuevas concesiones en Áreas Marinas Protegidas a la industria salmonera y sus derivados.
Si esto ocurre el efecto sería atroz y no en términos artísticos sino económicos. El proyecto acabaría con el 60% de las concesiones afectando de modo directo a unos 40 mil trabajadores y de manera indirecta a otros 30 mil. Aunque estas cifras implican únicamente a los empleados de la industria. El número de la afectación indirecta se multiplican y no es tan difícil imaginar las consecuencias.
Sólo Magallanes podría sufrir una pérdida en cadena por las extremas limitaciones de producción que significaría el final del derrame de unos 80.000 millones de pesos en sueldos. En este marco se esfumarían más de 6000 de puestos directos e indirectos, en base a datos del sector. Y con ello desaparecería la clase media naciente que ya muestra su frutos en la región.
Se sabe que la presión que existe sobre la salmonicultura obedece a actores internos y externos, estos últimos se presentan en forma de OMGs extranjeras y empresas foráneas que figuran entre las más ricas del planeta y que no tan extrañamente poseen su propia agenda para Chile.
La distopía de convertir al país en un parque nacional ha sido desarrollada por la ONG Oceana. Desde en su matriz se cocinó un “paper” en donde se detalla un mega plan para ir parcelando el país en secciones no aptas para los seres humanos. El plan es real y está en marcha.
En las últimas 6 semanas estuvieron en la Patagonia los directivos de Oceana, que se alojaron en un hotel de Puerto Bories a 5 kilómetros de Puerto Natales; directivos de Greenpeace quienes recorrieron bajo un irrisorio permiso de “recreación” los fiordos y las instalaciones salmoneras en su yate Witness; y representantes de Ocean Blue que navegaron la zona norte de la Patagonia en dos embarcaciones.
Ni los representantes de Oceana ni los de Greenpeaces se acercaron a los trabajadores de la pesca artesanal o de la actividad salmonera para dialogar acerca de las implicaciones del propósito que impulsan a pesar del pedido formal de estos.
Tampoco los trabajadores fueron atendidos por los los legisladores. Insólito y antidemocrático por dónde se lo mire.
En este marco, las ONGs desarrollaron una intensa campaña en redes sociales y televisión para mostrar cómo las salmoneras afectaban el medioambiente, creando así un polo de oposición a la industria desde las redes, que los políticos bien saben leer.
Su visión se lee como una guerra desatada contra la industria que no admite en su derrotero la figura del trabajador y de sus familias.
Días atrás se realizó en Punta Arenas la presentación del documental “Corazón salado” que no oculta una crítica sin diálogo posible.
Cuando fue el turno de la mesa de conversación, la directora de campañas de Greenpeace, Estefanía González, invitada a la función, aseguró que su misión en la vida como militante era sacar a las salmoneras de la Patagonia. González advirtió aquel día que Chile está a “una firma” de terminar con la industria. “Una firma”, subrayó.
Del documental también participa el dueño de la marca de ropa Patagonia, el multimillonario Yvon Chouinard, quien, en el mismo tono que González, asevera que no quiere hablar con los salmonicultores sino simplemente echarlos del sur de nuestro país.
Resulta llamativo que un mega millonario que posee una empresa valuada en más de 3000 millones de dólares, tenga la obsesión de intervenir en la política interna de Chile. Mientras tanto, Patagonia, registrada como marca en Estados Unidos, se posiciona como un producto verde en todo el planeta.
A través de su ONG Oceana la poderosa familia Rockefeller también aparece como un agente externo que despliega sus tentáculos sobre el país.
Por la dimensión de la campaña se entiende que no están ahorrando en gastos. En este escenario los misiles son las palabras, el discurso, multiplicado exponencialmente en redes.
Las mentiras, las miradas sesgadas y la desinformación se encuentran a la orden del día. En redes se ha viralizado la imposible imagen del Parque Nacional Torres del Paine rodeado de centros de cultivos. Algo que no ha ocurrido y no ocurrirá jamás.
Por supuesto, en este contexto poco y nada se menciona cómo impactará la ley en el quehacer de la pesca artesanal que por lógica también podría quedar excluida del mar. Otra situación extrema e irresponsable.
El temor y el enojo comienzan a crecer en todo el sur. Los gremios y sus trabajadores dieron curso a una serie de reuniones que podrían concluir en marchas masivas en defensa de la fuente de trabajo.
“No estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno de modificar el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la cual es abiertamente discriminatoria para nuestras fuentes de trabajo, para nuestras familias, para el futuro de nuestros hijos, además de que limita y cierra las únicas alternativas de que nuestras fuentes de labores tengan una operación futura”, indicaron en un comunicado desde la Multisindical de Trabajadores Salmoneros.
En toda esta discusión ecologista en ningún momento se ha tratado el sensible tema del desarrollo regional y nacional. Por primera vez Magallanes tiene en sus fronteras una industria que es líder mundial en su sector. Entre la salmonicultura y la pesca en general, el país genera más de 10.000 millones de dólares anuales. Al tiempo que la salmonicultura da empleo a más de 70 mil personas.
Sólo un país en el más alto desarrollo económico, social y cultural como Noruega está por sobre Chile en este negocio.
Los datos del mercado indican que Chile alberga el 35% del mercado global y Noruega el 45%. En perspectiva, y hablamos de un futuro cercano, en 2050, Noruega llegará al 82%, pero Chile se comprimirá al 11%. Los datos siguen: Noruega mantiene bajo protección estatal el 10% de su mar y Chile el 40%.
Las voces que proclaman la llegada de la industria del hidrógeno verde como reemplazo natural de la salmonicultura se olvidan que aun faltan años sino décadas para que esta actividad derrame su riqueza en la región. Como también omiten el perfil y la cantidad de trabajadores que demandará el sector.
En lugar de felicitar la llegada a Magallanes de una nueva industria con proyección, que se suma a otra líder en su tablero y ya instalada, un sector político, apañado en millonarias ONGs, empujan una competencia a muerte.
La constricción traerá consecuencias inmediatas en el sector.
La perspectiva que no renovación condicionará cualquier plan de negocios puesto que ningún empresario razonable invertirá en un negocio que perderá su espacio de acción en la próxima década.
El futuro ya llegó. Este lunes 22 de mayo a las 15 y 18 horas continuará en la Comisión Mixta la discusión de las modificaciones a la ley y los puntos pendientes se resolverán el lunes 29 del mismo mes.
