El mega operativo protagonizado por las fiscalías de Magallanes y Santa Cruz, Argentina, finalmente dejó a 8 personas en prisión de las 17 que habían sido detenidas en Chile. Otras 8 habían sido apresadas en el país trasandino.
La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantía de Puerto Puerto Natales después de un audiencia de 7 horas desarrollada el sábado 26 de agosto y en el marco de la cual hubo tres personas que presentaron cuadros de agotamiento y debieron ser atendidas por personal médico.
Los nombres de los apuntados permanecen en el anonimato para la opinión pública aunque en Facebook corrieron listas de los implicados con nombre y apellidos. Algunos de ellos son conocidos vecinos de la localidad.
Los imputados fueron formalizados por graves delitos como tráfico de drogas y personas, tenencia de armas, lavado de activos, tráfico de cigarrillos entre otros.
Se trata de delitos que los propios medios locales vienen denunciando desde hace años a partir de conversaciones con los propios vecinos en Dorotea. Según sus versiones, se observaban camionetas que rondaban la frontera en este sector aledaño a Río Turbio y 28 de Noviembre.
Según trascendió en una de las casas de cambio allanadas se encontraron $155 millones.
“Cabe destacar que esta formalización es fruto del trabajo de un equipo de investigación conjunto que se inició hace dos años entre la Fiscalía de Magallanes y la Federal de Río Gallegos, Argentina. Gracias a esta labor de colaboración se logró desbaratar la banda de crimen organizado que operaba a ambos lados de la cordillera”, dijo el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto.
Según informó el fiscal Manuel Soto, del Ministerio Público el operativo Alianza Austral se remonta al 2019. Básicamente la justicia espera dejar establecido que se trata de una banda criminal que repartía funciones entre sus distintos componentes.
A partir de ahora la investigación se prolongará por 5 meses en los cuales la justicia intentará profundizar en los antecedentes de esta presunta organización criminal.
En el marco del operativo falleció el 23 de agosto pasadas las 20.40, Darwin López, un enfermo renal crónico. Según relató su abogado, a López le negaron sus medicinas y su periódico tratamiento de diálisis antes de ingresar a Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales donde sufrió una descompensación. Finalmente falleció en el hospital local.
Darwin era un paciente renal crónico y con claras posibilidades de tener un evento de salud. Por lo que la defensa del detenido, el abogado Rigoberto Marón, solicitó a la jueza Marianela Chacur la “detención ampliada” lo que significaba mantenerlo en el Hospital local bajo vigilancia correspondiente. La fiscalía se opuso a solicitud y la jueza Chacur no hizo a lugar a la defensa.
Ahora se conoció, a través del propio abogado defensor, que López fue trasladado directamente a la audiencia del tribunal sin haberse realizado la diálisis que le correspondía a las 15, en una acción que viola los derechos de las personas. Por otro lado, el legado relató que a su defendido “no le permitieron el uso de medicamentos”. Otra acción que se opone a los mínimos recaudos que deben preservarse en estas situaciones.
“Sufría una deficiencia renal crónica por lo que debía dializarse tres veces a la semana y además consumía un total de 10 medicamentos al día”, señaló Marín.
Poco después de ingresar al centro penitenciario, López se descompensó por lo que luego de ser atendido por personal de Gendarmería, fue trasladado al hospital donde falleció.
“Tras la llegada del personal médico, el señor López Mancilla fue derivado al Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Augusto Essmann, donde en horas de la noche sufrió un paro cardíaco. Luego de esfuerzos por reanimarlo, lamentablemente se constató su fallecimiento a las 22,55 horas de este miércoles”, indicó Gendarmería.
Ahora organizaciones de Derechos Humanos anunciaron que analizarán el caso a fin de determinar si se presentan denuncias al respecto.
“En función de esos antecedentes adoptaremos las medidas pertinentes de acuerdo a nuestro mandato legal”, dijo el director regional del Instituto de Derechos Humanos, Cristián Figueroa Fuentealba.
Por su lado, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat recordó que el “sistema judicial debe “tener en consideración los derechos y garantías de las personas que se encuentran todavía en un proceso penal, sin una sentencia condenatoria con presunción de inocencia y donde incluso, posteriormente a una condena sus derechos deben ser respetados”.
