La Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto de ley clave para entender de dónde provienen realmente los fondos que reciben poderosas ONGs, muchas de ellas extranjeras, que tienen para Chile una agenda propia en materia económica y política.
El proyecto que lleva la firma del diputado Miguel Ángel Calisto se despachó a segundo trámite al Senado con 111 votos a favor y 11 abstenciones.
Hasta ahora era muy complejo conocer la procedencia de los dineros que apuntalan a numerosas ONGs que operan en el país y tienen una fuerte influencia sobre algunos sectores de la sociedad y el propio gobierno del presidente Gabriel Boric tal como se han confirmado durante su mandato.
“Este es un importante paso que da el Congreso en transparencia total respecto de las ONG chilenas y extranjeras. Hasta el momento mantienen una oscuridad en la procedencia de su financiamiento y el país debe saber realmente a quienes representan cuando intervienen en debates públicos y discusiones de ley”, expresó el diputado Calisto.
El legislador solicitó una “rápida” tramitación en el Senado. “El congreso no solo debe condenar los convenios y transferencias del Estado a ONG y viceversa, sino también deben tomarse acciones que obliguen el control y procedencia de los recursos que las financian», agregó.
“Definitivamente cuando esta ley opere nos vamos a sorprender con los nombres de quienes están detrás de estas organizaciones”, siguió.
No pocas ONGs extranjeras han desarrollan intensas campañas publicitarias y de lobby en las altas esferas para condicionar el uso de la tierra y el mar del sur de Chile. Algunas como Greenpeace, Oceana, entre otras, se han manifestado totalmente en contra de la actividad salmonicultora que representa más de 70 mil puestos de trabajo en el país e ingresos por exportaciones de unos USD 6500 millones.
El texto establece que las personas jurídicas sin fines de lucro sólo podrán recibir fondos públicos, en calidad de asignaciones para la ejecución de proyectos, subvenciones o subsidios, o a cualquier otro título, entregados directamente o a través de procedimientos concursables, indica el texto del proyecto.
Esto siempre que las organizaciones tengan más de dos años de antigüedad desde la fecha de su constitución. También deberá habilitarse un registro de los beneficiarios finales cuando exista un convenio o contrato que los origine, establece.
El registro deberá contener el monto de la operación, el rol único tributario del beneficiario y, en caso de que el beneficiario sea una persona jurídica de derecho privado, el rol único tributario de los socios principales. El propósito de la norma es que se conozca la forma y procedencia del financiamiento de estas organizaciones, para prevenir y fiscalizar posibles situaciones irregulares, detalla la iniciativa.
Por otro lado, y en este complejo escenario que involucra a ONGs y al gobierno, Contraloría Regional cuestionó el traspaso de fondos Gore en Valparaíso a ONGs ecológicas y feministas, según consignó El Mercurio.
Según al medio, “el 31 de diciembre de 2022, último día de ejecución presupuestaria de ese año, el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso transfirió $401 millones y $380 millones, respectivamente, a las corporaciones Fiscalía del Medio Ambiente (Fima) y Encuentro Permanente de Mujeres por la Salud (Epmusa)”.
“De acuerdo con la Contraloría Regional, cada traspaso fue en una única cuota y no conforme a avances efectivos de las actividades comprometidas en sendos convenios”, continúa la noticia.
Los montos en teoría comprometían a las organizaciones a realizar capacitaciones “para el acceso a formación ciudadana para el medioambiente (Terram) y en el acceso a la justicia ambiental (Fima); y a brindar talleres de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de «adolescentes y transgéneros» a 240 alumnas de seis colegios de la provincia de Valparaíso (Epmusa)”, indica el artículo.
“(La actividades) fueron planteadas de forma genérica sin ningún tipo de detalle técnico, mostrando, en general, costos globales», dice Contraloría. Y esto sin que el Gore “haya solicitado antecedentes para evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de sus costos”, cuestionó la Contraloría Regional.
Recordemos que FIMA mantiene un acuerdo inconcluso con el municipio de Puerto Natales también por la ejecución de una serie de talleres ambientales. El municipio pagó alrededor de $3,5 millones de un total acordado de $7,8 millones. La administración de Antonieta Oyarzo no ha podido explicar a cabalidad porqué se congeló el acuerdo y qué se hizo a cambio del dinero pagado.
