La diputada Catalina Pérez (RD) es investigada como imputada, según la determinación de la Fiscalía Regional de Antofagasta en el marco del caso Democracia Viva.
El 19 de julio un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) señalaba que «conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze».
El abogado de Pérez, Gonzalo Medina, descartó en septiembre pasado cualquier vínculo irregular de la parlamentaria, y aseguró que «no ha sido acusada en ninguna calidad en la investigación referida hasta la fecha», según consignó La Tercera.
Sin embargo, esto cambió por la Fiscalía tras un requerimiento a la PDI para que indagara sus comunicaciones telefónicas.
En el documento firmado por el fiscal Cristián Aguilar, con fecha 12 de octubre, se lee que de acuerdo a la investigación por fraude al fisco, malversación y lavado de activo, se solicitó prácticas las diligencias de «análisis del tráfico de llamadas del número (…) correspondiente a la imputada diputada Srta. Catalina Pérez Salinas, para determinar comunicaciones con los restantes imputados u otros sujetos de interés en la investigación, como de cualquier otra circunstancia relevante que sirva para el esclarecimiento de los hechos investigados».
Lo anterior debido a que el 4 de octubre la Fiscalía pidió al Juzgado de Garantía de Antofagasta acceder a los dos teléfonos que figuraban como de propiedad de la legisladora.
El fiscal Aguilar expuso que de acuerdo a la información recabada por la PDI «se ha determinado que la H. Diputada Srta. Catalina Pérez Salinas, quien es investigada como imputada», ha utilizado dos teléfonos. Y, por lo mismo, se solicitó «autorización para solicitar a la empresa ENTEL y MOVISTAR el tráfico de llamadas telefónicas (voz) y el tráfico de datos móviles (internet) de antenas, que fue operado durante el tiempo comprendido entre los días 01 de Mayo de 2022 y el 30 de Junio de 2023″.
El tribunal autorizó la diligencia y pidió informar a las empresas telefónicas para que «en ambos casos para determinar las comunicaciones y ubicación del sujetos que participaron en el delito investigado».
