El Informe Final presentado por Contraloría Regional contradice y por mucho el presunto “legado” de la alcaldesa Antonieta Oyarzo en los establecimientos públicos, denominado así por algunos artículos de medios adictos a la Alcaldía Ciudadana que han circulado en estas últimas horas.
En la versión oficial la administración de Oyarzo habría derramado unos $5000 millones en proyectos en diversos establecimientos escolares de Puerto Natales en apenas dos años y medio de gestión.
La labor, de acuerdo a palabras del oficialismo, habría sido “titánica “.
Lo cierto es que cuando se enumeran las labores que abarcan esa tarea “titánica” refieren a mantenimiento general de los establecimientos educativos tales como arreglos eléctricos, calefacción, caídas de agua/lluvia, entre otros.
Sin embargo, justamente todos estos puntos ya habían sido cuestionados por Contraloría Regional en un durísimo Informe Final de fines del 2023 en donde denuncia el pésimo estado de las escuela de la comuna.
Por otro lado, una parte de los proyectos que se adjudica Oyarzo a través de un su medio militante, nacieron durante la gestión del ex alcalde Fernando Paredes, mientras que otros están ejecución y otros ni siquiera comenzaron, según indican Concejales a este cronista.
La administración de Oyarzo viene siendo cuestionada en duros términos por Contraloría General desde 2022 y a través de denuncias de los concejales Verónica Pérez y Ricardo Urtubia, los únicos que han levantado la voz en un Concejo Municipal de pobre trabajo a lo largo de 3 años.
¿Qué se le cuestiona a la administración de Oyarzo?
Contratación de un estudio de abogados en Santiago con dineros de subvenciones escolares (¡!) por un monto inicial que fue estimado en $55 millones, pero que con el paso del tiempo habría alcanzado los $150 millones, indican voces del Concejo Municipal para diversas y hasta estrafalarias causas, entre las que destacan la disputa con un ciudadano chino y las presuntas faltas a la administración por parte del ex alcalde Paredes.
Seguimos, desvío de fondos jubilatorios, créditos y ahorros personales voluntarios, fondos de proyectos, para pagar salarios del sector de la educación.
También se le adjudica a Oyarzo una desmedida contratación de personal que habría alcanzado los 65 funcionarios a un costo mensual que rondaría los $100 millones mensuales.
Descuido y olvido del mantenimiento de la ciudad. Un hecho que se observa claramente en el estado de la costanera (ahora inmersa en un rediseño que también data de la época de Paredes) y la bicisenda.
Falta total de proyectos de envergadura que han venido afectando el empleo y las cadenas de valor que estos generan en la comunidad.
Y más.
Informe Final de Contraloría Regional
¿Qué dice el Informe Final de Contraloría Regional? El informe abarca un grupo de cuatro establecimientos y en todos encontró deficiencias preocupantes que solo pueden adjudicarse a una mala administración y a una suerte de indiferencia municipal por el estado de estos edificios.
“Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez,” y “Liceo Gabriela Mistral”, adolecían de memoria de cálculo, ensayos de infiltración y estudios de ingeniería,contraviniendo lo indicado en los mencionados artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575. Por lo que se solicitó a la entidad, adoptar las medidas pertinentes a fin de que, en lo sucesivo, los proyectos cuenten los distintos antecedentes técnicos, que permitan tener una certeza razonable que los contratos de mantención y/o mejoramiento de la infraestructura escolar, resuelven de manera eficiente los problemas que aquejan a los recintos educacionales”, dice el documento.
“Se verificó que la falta de extintores y su disposición, así como el estado defectuoso de la redes húmedas, de algunos establecimientos, constituyen un riesgo frente a una situación de emergencia de incendio, contraviniendo lo determinado en el decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, y el decreto No 50, de 2002, del Ministerio de Obras Públicas”, sigue.
“Se comprobó que los recintos educacionales presentan, deficiencias en el estado de mantenimiento, visualizándose duchas en mal estado, baños clausurados o falta de lavamanos, así como daños ya sea en cielos o muros, lo que contraviene el citado decreto N° 594, de 1999, y el decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educación, que establecen, en lo que interesa, que tales elementos deben ser mantenidos en buen estado de limpieza y conservación. Asimismo, que los elementos que componen la ruta accesible o vías de evacuación, como rampas y puertas, no se ajustan a las características establecidas en el decreto No 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por lo que se solicitó adoptar las medidas para dar solución a lo detectado, las que deberán ser acreditadas y documentadas en el SSA-CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final”, agrega.
El Informe Final completo puede leerse aquí.
