Por Claudio Andrade
La ironía y la contradicción están puestas sobre la mesa. ONGs extranjeras que se oponen a cualquier actividad productiva en la Patagonia participan de la elaboración de los planes de manejo de las áreas de Reserva Natural chilenas.
El resultado no podía ser otro que la limitación total al desarrollo del sur del país, han denunciado integrantes de los pueblos originarios que trabajan en la pesca, el turismo y la industria, y actores de área empresarial.
Este medio accedió a los borradores donde se estipulan las alternativas de uso para la Reserva Nacional Kaweskar. El texto avanza en la eliminación de la salmonicultura de la región. Esto afectaría el trabajo de miles de personas que hoy se encuentran vinculadas a la actividad en Magallanes y Ultima Esperanza.
El artículo 14 del borrador indica: “Se permitirá la práctica de acuicultura de pequeña escala (APE), la cual deberá estar restringida exclusivamente a especies nativas, sin afectar negativamente los objetivos de conservación establecidos en el presente plan. Todo esto definido en los acuerdos a partir de la promulgación de este plan de manejo y en virtud de los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta indígena de bienes nacionales del 2017, sobre la recategorización de la reserva Alacalufes como parque y reserva nacional”.
Un párrafo definitivo y que, en definitiva, acaba con la actividad que ofrece empleo a unas 7000 personas en la región y genera divisas por USD 650 millones anuales.
El temor de los pescadores artesanales y de los buzos, entre otros oficios emparentados que brindan trabajo a más de 3000 personas entre Puerto Edén y Puerto Natales, es que estas limitaciones también abarquen sus actividades productivas e incluso alcancen al turismo.
De la elaboración del plan de manejo escrito en teoría por CONAF participó la poderosa ONG The Pew Charitable Trust quien a través de la Universidad Austral de Chile, habría inyectado alrededor de $2000 millones para alentar un visión de lo que debe hacerse en la Reserva Kaweskar.
El dinero en general, según cuentan dirigentes kaweskar, se destina a la contratación de personal científico y especialistas que imponen un discurso ecologista de bases extremas. Es decir, el territorio y su mar terminan quedando por fuera de la soberanía del Estado nacional puesto que en la región protegida no se puede hacer nada de nada.
Tan es así, que la Asociación de Salmonicultores de Magallanes inició un recurso Contraloría General de la República para que se transparente y explique esta colaboración que a todas luces es tendenciosa e implica un conflicto de intereses, señalan.
“Durante los años 2018, 2019 y 2020, CONAF celebró convenios marco con la ONG The Pew Charitable Trusts y la Universidad Austral de Chile (UACH), “que tienen como objetivo dictar la gestión y manejo de las áreas protegidas en la Patagonia chilena”, indicó la asociación en su descargo público.
“PEW, una ONG estadounidense, proporcionó más de $1.900 millones a la UACH que posteriormente habrían sido traspasados a CONAF en un monto que aún desconocemos y esperamos sea aclarado en la investigación. Esos dineros fueron destinados a la contratación de personal que trabaja en la elaboración del plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar y a quienes realizan los estudios técnicos que lo sustentan”, dijo Carlos Odebret, explicó presidente del organismo a La Tercera.
“Hablamos de influencia irregular en la elaboración del mencionado plan. Es decir, PEW, una ONG que ha manifestado su interés de impedir el desarrollo de la salmonicultura, financia, a través de un entramado de convenios a CONAF para el desarrollo de una política pública con importantes efectos sobre terceros”, agregó.
El dirigente kawésqar Juan Francisco González Caro, referente de la Comunidad Ancón sin Salida (ubicada en el km 63,5 de la Ruta 9 Sur, a los pies del monte Tarn, sector San Juan, en el margen sur oriental de la Península de Brunswick) tiene una mirada crítica sobre el intervencionismo de las ONGs extranjeras en territorio nacional.
“¿Cómo puede ser que una ONG extranjera venga a fiscalizar el trabajo de la industria en Chile’, es una cuestión de soberanía”, señala González Caro a este medio, en referencia al flamante acuerdo que existe entre Sernapesca y la ONG Oceana que recopilará datos de la industria a través de una plataforma y que, en definitiva, oficiará de fiscalizadora de una actividad.
En un ejercicio discursivo paradójico el gobierno de Gabriel Boric reunió a la CONAF con PEW, y a Sernapesca con Oceana, para “discutir” y bosquejar las posibilidades de las Reservas Naturales.
Justamente dos organizaciones que públicamente se oponen a las actividades productivas en el sur de Chile y la Argentina. No parece casual que la industria y los pescadores no hayan sido convocados a participar de estos presuntos bosquejos, reclaman en los sectores ignorados.
“El acuerdo entre Sernapesca y la ONG Oceana nos genera gran molestia y reparos, tanto por la forma como por el fondo. A través de este acuerdo se estaría entregando a una entidad privada, de origen extranjero, de financiamiento desconocido, información sensible y con acceso privilegiado, de la segunda industria exportadora más relevante de Chile. Además, en un proceso poco transparente, de espaldas a esta industria, y eximiendo a esta ONG a priori de toda responsabilidad en el manejo y tratamiento de datos. Por último, esta ONG es detractora de la industria salmonera, por lo que estamos ante una situación de alta complejidad que requiere de toda nuestra atención, no solo como industria sino como país”, señaló Loreto Seguel, directora Ejecutiva Consejo del Salmón a La Tercera respecto del acuerdo entre Sernapesca y Oceana.
No pocos kaweskar se sienten desplazados de las decisiones sobre su territorio ancestral.
“Lo que menos se está tomando en cuenta -en talleres y encuentros sobre Uso de las Zonas de Reserva- es la opinión de los kaweskar. Al final somos un puro adorno. Lo que quiere la familia Topmkins es desarrollar un turismo de elite, para unos pocos. Porque imaginan un turismo de elite, con lo cual también se verá perjudicado todo intento de generar una industria turística y también la pesca artesanal. A esta gente no le preocupan las personas ni el empleo”, señala el dirigente.
“Cuando uno comienza a leer la letra chica, el detalle de los borradores de manejo se da cuenta que tampoco habrá lugar para la pesca artesanal o el buceo. Los pescadores artesanales empiezan a comprender que ellos también quedan fuera de la reserva. Esta gente viene a Chile y quiere hacer lo que no pudieron en sus propios países. Vendieron una pomada y ahora todos se dan cuenta de que no es como lo pintaron al principio. Todo acompañado por un gobierno, como el de Gabriel Boric, que no entiende de qué se trata el problema”, sigue.
“Aquí hay ONGs que son extranjeras y que pasaron recursos para elaborar los planes de recurso. Imagínese si vamos a ir nosotros a Europa a decirle a los gobiernos cómo manejar su territorio. ¿Qué hace esta gente acá”, dirían. El Estado viene generando pobreza y no empleo. Si seguimos así vamos a despeñar, porque estas ONGs también están en contra del hidrógeno verde”, indica.
