La Ley Lafkenche y el Parque Kawésqar: Un Golpe a la Economía Regional y un Desastre para el Futuro de Magallanes [Por Marco Pinto]
La implementación de la Ley Lafkenche y la creación del Parque Nacional Kawésqar han generado un intenso debate en la región de Magallanes. Aunque la protección de los derechos indígenas y la conservación del medio ambiente son fundamentales, es crucial considerar el impacto económico y social de estas medidas en la región.
El crecimiento del PIB regional en el año 2024 se estima que en un rango del 6%, impulsado principalmente por la industria pesquera y acuícola. Sin embargo, las nuevas restricciones impuestas por el estado sobre las áreas para el desarrollo de la acuicultura han estado frenada por la nueva Ley Lafkenche y la creación del Parque Kawésqar lo que podría frenar el futuro crecimiento regional. La acuicultura es una de las principales actividades económicas de la región, generando empleos y riqueza. La reducción de concesiones acuícolas en las áreas protegidas podría afectar negativamente a la economía regional.
Considerando que la tasa de desempleo en Magallanes se encuentra en 4,7%, y la afectación a la acuicultura podría generar pérdidas de empleos y frenar el emprendimiento en la región. Además, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la industria acuícola en Magallanes generó durante el año 2023 más de 10.000 empleos directos e indirectos. Por lo cual es fundamental encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos indígenas y la promoción del desarrollo económico sostenible, ya que la restricción al posicionamiento para nuevas áreas para el desarrollo de la industria acuícola podría poner en riesgo estos empleos y afectar la negativamente la economía local.
Mala Gestión y Decisiones
La comunidad ha expresado su preocupación por la influencia de ONG ambientalistas, como Pew que podrían donar 3.000 millones a CONAF, para la implementación de proyectos que podrían beneficiar sus intereses. En esta materia el delegado presidencial José Ruiz y el director regional de CONAF, Mauricio Ruiz, deben explicar a la comunidad regional como el estado es capaz de permitir que una organización que limita y genera efectos negativos en la visión productiva regional, se establece como un apoyo económico en el desarrollo de temas y proyectos políticos legislativos, ya que esta donación no beneficia en nada a la región y a las personas que viven y trabajan en rubro acuícola y salmonicultor.
Si bien es necesario cuidar y mitigar los impactos antropogénicos que generamos sobre el ecosistema marino, existen otras vías y soluciones que pueden evitar frenar y aletargar el desarrollo productivo regional, La implementación de la Ley Lafkenche y la creación del Parque Nacional Kawésqar no cuenta con análisis exhaustivo de su impacto económico y social en la región de Magallanes lo cual es un grave error. La restricción de áreas para la acuicultura y la posible pérdida de empleos y emprendimientos en la región podrían tener consecuencias devastadoras para la economía local. Por lo cual es fundamental que las autoridades regionales escuchen las preocupaciones de la comunidad y trabajen hacia una solución que equilibre la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico y social de la región.
Asimismo, la falta de transparencia y la influencia de intereses externos en la toma de decisiones también es preocupante, es necesario que la comunidad magallánica sepa y se entere cómo se están utilizando los fondos públicos y qué beneficios se obtendrán de la implementación de estos proyectos en la región a corto y mediano plazo. Ya es hora de que las autoridades regionales rindan cuentas y trabajen hacia una solución que beneficie a todos y no solo a las ONG y/o Universidades, sino que a los magallánicos que trabajan y viven de las actividades del mar como pesca y acuicultura.
La región de Magallanes y sus habitantes debe exponer que posee un gran potencial para el desarrollo sostenible de esta actividad en conjunto con la conservación del medio ambiente, pero es fundamental que se tomen decisiones informadas y se escuchen las preocupaciones de la comunidad. La implementación de estas medidas sin un enfoque integral y colaborativo podría tener consecuencias negativas para la región y sus habitantes.
