Salmonicultura: Hay preocupación por incumplimiento de plazos para la ley de parques y reservas por parte del Gobierno
A más de dos años desde la promulgación de la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) bajo el Ministerio del Medio Ambiente, la industria salmonera y otros actores del sector han encendido la luz de alarma debido al incumplimiento del Ejecutivo en dictar los reglamentos que deberían haber sido establecidos el pasado 6 de septiembre, fecha límite fijada por la norma. Cabe señalar, que estos reglamentos son esenciales para definir aspectos como planes de manejo de ecosistemas, compensaciones de biodiversidad y criterios territoriales en parques y reservas.
Vale decir, que la Ley 21.600 tenía un carácter estratégico para unificar las competencias en torno a la protección ambiental, reuniendo bajo un único organismo (SBAP) funciones antes dispersas entre cinco reparticiones del Estado. Pero la falta de reglamentación deja en incertidumbre la delimitación y regulación de nuevas zonas protegidas y afecta directamente al sector salmonicultor, que opera en zonas próximas o dentro de áreas sensibles.
Desde diversos sectores se denuncian “irregularidades” en el proceso de definición reglamentaria, tales como una sobrerrepresentación de ambientalistas en detrimento de la participación de privados, lo que genera inquietud respecto a la equidad y transparencia del proceso. Y al mismo tiempo, entrega señales más que preocupantes, y antes denunciadas, sobre las profundas cercanías entre entidades estatales del área y fundaciones o ONG’s.
La tensión sobre la compatibilidad entre la salmonicultura y áreas protegidas se instala en un contexto más amplio, ya que hace pocas semanas, mediante decretos publicados el 31 de julio, el Gobierno eliminó áreas previamente autorizadas para actividades acuícolas dentro de parques nacionales en Atacama y Aysén, alineándose con mandatos de la Ley General de Pesca que prohíben tales usos en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).
Al mismo tiempo, el retraso en la implementación reglamentaria de la Ley 21.600 ha encendido las alarmas del sector salmonicultor, que teme una regulación excluyente y poco considerada de sus intereses. Mientras tanto, la respuesta del Estado a través de medidas como la eliminación de concesiones en zonas protegidas marca una dirección más conservacionista, aunque todavía difusa y poco clara. Aumentando una vez más la falta de certezas para la toma de decisiones de la industria en el mediano y largo plazo. Y por ende, en el caso de Magallanes, en las claridades sobre el futuro de la industria que se ha posicionado como la actividad más importante del PIB regional.
Pero hay que mencioanr, que la demora no solo afecta a la industria. También deja rezagadas herramientas fundamentales para impulsar la protección de la biodiversidad, la planificación territorial y la estructura institucional del SBAP. Para desbloquear esta situación, se requiere un compromiso urgente de parte del Ministerio del Medio Ambiente para dictar los reglamentos faltantes, garantizar mecanismos consultivos más inclusivos y transparentes, y definir con claridad el futuro de las actividades productivas dentro de áreas protegidas.
