Desde la instalación de la Convención Constitucional el 4 de julio, se ha vuelto central el debate público alrededor de la cuestión constituyente y sobre los distintos aspectos de la puesta en marcha de las discusiones de este órgano político.
Una de las primeras polémicas públicas giró en torno a la declaración de la Convención sobre los presos políticos de la revuelta social de 2019. Después de un inusitado “ruido mediático” mientras se discutía aquel proyecto de declaración, finalmente el texto acordado por mayoría y emitido, no es más que una respetuosa solicitud a los tres poderes del Estado para que, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones que la Convención respeta, se tome en consideración la situación de las personas privadas de libertad por su participación en las protestas sociales de 2019.
Pero ese ruido mediático -auspiciado por los poderosos medios de comunicación dominantes- intentó dejar instalado en el imaginario colectivo que la Convención propiciaba la violencia política.
Este episodio puso de relieve un hecho que por sabido se calla y por callado se olvida: que la Convención no es una caja cerrada de cristal, es una asamblea de convencionales representantes de los más diversos orígenes sociales, culturales, territoriales, políticos e ideológicos del país, quienes no son ajenos a la realidad que los rodea.
Los convencionales no son robots automáticos que se encierran en su caja de cristal a pensar, elaborar y escribir una nueva Constitución, son la expresión concreta y viva de las aspiraciones y demandas de millones de chilenos y chilenas que, aun en la tarea específica de construir una nueva Constitución, no pueden sentarse dentro de esa caja de cristal, haciendo abstracción de lo que sucede fuera de la caja de cristal.
La Convención sesiona en medio de una intensa campaña presidencial ya en marcha, en medio de una crisis social y económica de vastas proporciones, en medio de una crisis sanitaria de efectos desvastadores en la sociedad, en las personas y familias, en el empleo y el trabajo, en las secuelas con las que deberán convivir los cientos de miles de pacientes que se salvaron del covid19.
Estas crisis necesariamente están siendo parte del contexto dentro del cual sesiona la Convención.
La Convención sin embargo, no resolverá las crisis en curso en nuestro país: solo fijará el nuevo marco constitucional dentro del cual será posible emprender tareas, políticas públicas y nuevas perspectivas de un desarrollo sustentable en Chile, a fin de resolver también las profundas desigualdades que se encuentran en la raíz de las crisis en curso.
