En la Región de Aysén, dos Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) deberán someterse nuevamente a votación, según lo establecido por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca).

Se trata de las solicitudes de ECMPO Islas Huichas y Cisnes que abarcan más de 621 mil hectáreas de borde costero en las comunas de Guaitecas, Cisnes y Aysén.

La Corte Suprema revocó las sentencias de la Corte de Apelaciones de Coyhaique respecto al rechazo de los recursos de protección presentados por las comunidades indígenas Antünen Raín y Pu Wapi que iban en contra de las resoluciones adoptadas por la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de la Región de Aysén (CRUBC Aysén). En enero de 20204 esta no hizo lugar a las peticiones de asignación de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) delimitadas en Islas Huichas y Weywen Wapi, presentadas por las recurrentes.

“En fallos unánimes (causa rol 163-2024 y 164-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Luis Aedo, el fiscal judicial Juan Patricio Silva y el abogado (i) Selim Carrasco– descartó actuar ilegal o arbitrario de la comisión recurrida ilegal o arbitraria al denegar las solicitudes de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO)”, informó un parte de prensa del Poder Judicial en ese momento.

En marzo de 2024 la Comisión Regional de Uso de Borde Costero rechazó las dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo) que reclamaban la entrega de más de 600 mil hectáreas de mar a administración de comunidades indígena, en el marco de la “Ley Lafkenche.

“Estamos hablando de solicitudes que llevan años en tramitación, con procesos que pasan por la Conadi, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, la Corte de Apelaciones y finalmente la Corte Suprema. Ese nivel de dilación es inconcebible para una región donde cada decisión tiene impacto directo en las comunidades, en las inversiones y en la convivencia de las distintas actividades del litoral”, dijo a Salmonexpert  Hernán Rebolledo, presidente de CorpAysén

Esta medida responde, en visión de la Corte Suprema de Justicia, a irregularidades detectadas en el proceso inicial de consulta indígena, impulsado bajo la Ley Lafkenche (N° 20.249).

Los ECMPO son figuras legales que otorgan a pueblos originarios la administración exclusiva de áreas marinas para preservar usos consuetudinarios, como la pesca artesanal y la recolección de recursos bentónicos. En Aysén, una región con más de 1.300 km de costa y biodiversidad.

“Estamos absolutamente impresionados con esta noticia, recabando mayor información, pero el voto en la CRUBC debería mantenerse y volver a rechazarse las ECMPO, sin embargo el trasfondo es cómo las ONG tienen el poder de levantar con sus equipos jurídicos estos casos”, dijo a Salmonexpert, Katia Inostroza, presidenta de Acuiprov.

Sin embargo, el proceso de designación ha generado controversias. En 2024, Subpesca detectó vicios en la consulta previa, libre e informada, requerida por el Convenio 169 de la OIT. Estos incluyen falta de participación efectiva de todas las comunidades involucradas y posibles influencias externas de sectores productivos.

La revotación implica un nuevo ciclo de consultas, con plazos estimados de 6 a 12 meses. Las comunidades deberán presentar nuevamente sus solicitudes, respaldadas por estudios técnicos sobre impacto ambiental y sociocultural. Organizaciones indígenas, como la Asociación de Comunidades Kawésqar, celebran la oportunidad de corregir errores, argumentando que fortalece su derecho ancestral al mar. En contraste, gremios pesqueros y acuícolas expresan preocupación por posibles restricciones a la actividad económica, que representa el 15% del PIB regional.