La Zona Franca de Punta Arenas nació con un objetivo claro y estratégico: Compensar las desventajas estructurales de vivir en un territorio extremo, aislado y con mayores costos logísticos, permitiendo el acceso a bienes a precios más bajos y fomentando el desarrollo económico regional bajo un régimen especial claramente definido.

Sin embargo, hoy esa esencia parece estar entrando en una zona gris peligrosa, donde la lógica del negocio inmobiliario y la maximización de ingresos comienza a tensionar y contradecir el sentido original del régimen franco.

La reciente puesta en marcha de un nuevo supermercado al interior del recinto de Zona Franca de Punta Arenas, con venta de productos afectos a IVA, abre una serie de interrogantes profundas que el sistema, sus administradores y los organismos fiscalizadores no pueden seguir eludiendo.

Actualmente, una misma categoría de productos, e incluso el mismo producto, puede ser comercializada dentro del mismo recinto por empresas relacionadas bajo dos regímenes completamente distintos. Uno como usuario de Zona Franca, con ventas exentas de IVA y bajo el régimen especial que la ley contempla, y otro como locatario, operando con productos nacionalizados, afectos a IVA y al régimen general de renta.

El resultado es una distorsión evidente para el consumidor y para el propio sistema.
Un ejemplo concreto lo ilustra con claridad:
• Alimento para perro (sobre): $790 con IVA
• Producto similar, mismas características, en otro local del mismo recinto, $790 exento de IVA

Ambos dentro de la Zona Franca. Ambos visibles para cualquier consumidor. Ambos legales bajo interpretaciones distintas, pero profundamente contradictorios desde el espíritu del régimen.

La pregunta es inevitable: ¿Hasta dónde se pretende llevar este modelo? ¿En qué momento la Zona Franca deja de ser una herramienta de política pública para transformarse, de facto, en un mall más, donde el único criterio de ingreso es la rentabilidad para la concesionaria?

Esta situación no solo tensiona la lógica del sistema, sino que pone en una posición compleja a los propios entes fiscalizadores. ¿Cómo fiscaliza hoy el Servicio Nacional de Aduanas o el Servicio de Impuestos Internos una operación dentro de Zona Franca si, antes de analizar el producto, debe preguntarse si ese bien está o no afecto a IVA dentro del mismo recinto franco?

La coexistencia de productos nacionalizados y exentos, vendidos a metros de distancia, no solo confunde al consumidor, sino que erosiona la coherencia normativa del régimen especial, debilitando su legitimidad ante la ciudadanía.

En este escenario, el rol de la Administradora de la Zona Franca, la Sociedad de Rentas Inmobiliarias, no puede quedar al margen del debate. Administrar un recinto franco no es únicamente maximizar ingresos por arriendo o llenar metros cuadrados; implica resguardar el sentido, los límites y la coherencia de un sistema excepcional que existe por razones territoriales, sociales y económicas específicas.

Del mismo modo, resulta preocupante la ausencia de un seguimiento político y estratégico por parte del Gobierno Regional, llamado a velar por el correcto funcionamiento de un instrumento clave para el desarrollo de Magallanes. La falta de criterios claros, de lineamientos públicos y de evaluación de impacto está dejando que estas decisiones avancen sin una discusión de fondo.

La Zona Franca no es (ni debiera ser) un espacio donde “todo vale” mientras sea negocio. Convertirla en un recinto híbrido, sin reglas claras y sin resguardos, no solo daña su esencia, sino que abre la puerta a una degradación progresiva del régimen que, a largo plazo, terminará perjudicando a quienes originalmente debía beneficiar… Es decir, a los habitantes de Magallanes.

La discusión no es ideológica ni antojadiza. Es técnica, estructural y urgente. Porque cuando la excepción pierde sentido, deja de ser excepción y se transforma simplemente en un problema.

Equipo de investigación ZonaZero.cl