La emergencia ocurrida en la Planta Posesión de ENAP no solo activó protocolos operativos, sino que abrió un debate público que terminó evidenciando una preocupante brecha entre el discurso político y el conocimiento técnico sobre el gas que se produce y distribuye en Magallanes.

La diputada Javiera Morales ofició a ENAP solicitando una rebaja en las tarifas del gas, argumentando que el combustible actualmente distribuido, conocido como “Gas Rico”, tendría un menor rendimiento para los hogares. Sin embargo, la afirmación fue rápidamente desmentida por la autoridad técnica regional, dejando en entredicho la solidez de la denuncia parlamentaria.

El seremi de Energía, Sergio Cuitiño, abordó el tema con datos y normativa en mano, aclarando que el gas que hoy circula por la red no solo no tiene menor rendimiento, sino que presenta un mayor poder calorífico respecto del gas procesado habitualmente en Planta Posesión.

“El concepto de ‘gas rico’ no alude a una mala calidad, sino a todo lo contrario”, explicó Cuitiño. Al no extraerse ciertos componentes debido al accidente, el gas mantiene una composición más energética, lo que se traduce en mayor eficiencia térmica para los usuarios.

Según detalló la autoridad, el gas permite alcanzar antes la temperatura de calefacción, el agua hierve en menor tiempo, cumple estrictamente con la Norma Chilena 2264, está permanentemente fiscalizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y no representa riesgos adicionales para los artefactos domiciliarios debidamente mantenidos.

En términos simples, el usuario recibe hoy más energía por unidad, no menos.

Tarifas: una discusión mal planteada

Uno de los puntos más cuestionados de la ofensiva de la diputada Morales fue su exigencia de rebajar precios, desconociendo cómo se estructura el cobro del gas en Chile. El seremi fue categórico: ENAP no fija las tarifas y el gas no se cobra por volumen, sino por unidad de energía. Es decir, no importa solo cuántos metros cúbicos se consumen, sino cuánta energía efectiva entrega ese gas.
Es decir, al tener mayor poder calorífico, el cobro se mantiene dentro de los parámetros establecidos.
Hay que señalar, que las tarifas están reguladas por decretos y supervisadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE), y mientras el gas cumpla la norma y entregue igual o mayor aporte energético, no existe fundamento legal ni técnico para una rebaja automática.

Lo que llama la atención es que la diputada haya optado por la denuncia pública antes de consultar a las autoridades técnicas competentes. En una región donde el gas es un insumo estratégico para la vida diaria, el empleo y la calefacción, la liviandad en el manejo de la información puede generar alarma innecesaria en la población.

La situación deja una lección clara, y es que el debate energético requiere conocimiento técnico, no consignas. Y más aún cuando se trata de Magallanes, una región con un sistema de producción y distribución de gas único en el país.

El episodio revela una vez más la tensión entre el oportunismo político y la responsabilidad técnica. Mientras la diputada Morales instaló una crítica sin sustento sólido, el seremi de Energía entregó una explicación clara, fundada y respaldada por la normativa vigente.

En temas sensibles como el gas, preguntar antes de denunciar no es una opción, es una obligación. Y cuando los datos contradicen el relato, corresponde corregir, no insistir.

Redacción ZonaZero.cl