Dos graves denuncias afectan nuevamente a la vocería de Gobierno. La primera, por presunto acoso laboral, actos atentatorios contra la dignidad funcionaria y vulneración de derechos básicos durante una licencia médica, y que fue ingresada ante la Contraloría General de la República en contra de autoridades de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno (Segegob) de Magallanes, entre ellas el seremi Andro Mimica Guerrero.

El reclamo administrativo fue presentado por el funcionario encargado regional de los Proyectos de Fondos de Medios, quien se desempeña en la repartición desde el año 2020 bajo la modalidad de contrata. Según el escrito, los hechos denunciados habrían ocurrido en diciembre de 2025 y se enmarcan en conductas que podrían vulnerar los principios laborales.

De acuerdo con la denuncia, el funcionario se encontraba con permiso administrativo el 22 de diciembre y con licencia médica vigente desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero, situación que —según sostiene— fue desconocida o ignorada por sus superiores jerárquicos.

Ese mismo 23 de diciembre, el denunciante afirma haber recibido un llamado telefónico y mensajes vía WhatsApp por parte del seremi de Gobierno de Magallanes, Andro Mimica, exigiendo de manera inmediata la carga de información administrativa y su retorno presencial a la oficina, pese a haber informado que se encontraba con licencia médica. Las solicitudes, según el relato, se realizaron en un tono coercitivo y sin acoger alternativas razonables propuestas por el funcionario para resolver la situación.

Presiones desde el nivel central

A estos hechos se suma un correo electrónico enviado ese mismo día por Ana María Cáceres, jefa de la Unidad de Fondos Concursables del nivel central del Ministerio Secretaría General de Gobierno, dirigido al seremi y al funcionario regional. En dicho mensaje se señala que la falta de carga de información “amerita cartas de demérito” y que, de no cumplirse la instrucción dentro del día, se solicitarían “las respectivas amonestaciones”.

El denunciante sostiene que este correo utiliza un lenguaje “perentorio, coercitivo y amenazante”, proveniente además de una autoridad que no tendría potestad jerárquica ni disciplinaria directa sobre su cargo, lo que —a su juicio— constituiría un abuso de posición funcional y una extralimitación de atribuciones.

El reclamo presentado ante la Unidad de Derechos Funcionarios de la Contraloría plantea que las actuaciones descritas podrían configurar:
• Actos atentatorios contra la dignidad funcionaria.
• Incumplimiento del deber de resguardo por parte de la jefatura directa.
• Exigencia ilegal de labores durante licencia médica, contraviniendo dictámenes reiterados de la Contraloría.
• Uso impropio de potestades disciplinarias por parte de una autoridad sin competencia formal.

Entre las peticiones concretas, el funcionario solicita que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad de las actuaciones, determine responsabilidades administrativas, ordene medidas correctivas y resguarde su integridad funcionaria, dejando expresa reserva de eventuales acciones judiciales.

La otra denuncia

Por otra parte, una ex funcionaria de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno acusó también haber sido víctima de hostigamiento, amenazas y maltrato sistemático desde abril de 2025. El caso genera controversia política, ya que ocurre en la administración que impulsó la normativa contra el acoso laboral, y la afectada terminó siendo desvinculada en noviembre pasado sin que hasta ahora existan responsables sancionados.

La nueva denuncia por vulneración de derechos laborales sacude otra vez a una repartición pública en Punta Arenas. La ex colaboradora acusa haber vivido un calvario de acoso laboral que se extendió por gran parte del año pasado.

Según los antecedentes la afectada comenzó a reportar situaciones de sobrecarga laboral extrema, hostigamiento y maltrato verbal en abril de 2025. Sin embargo, lejos de encontrar una solución o resguardo institucional, la situación culminó en noviembre con la no renovación de su contrata, dejándola fuera de la institución tras meses de denuncias.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado públicamente una versión oficial por parte de la Seremi de Gobierno de Magallanes ni del Ministerio Secretaría General de Gobierno respecto de esta denuncia, la cual se encuentra actualmente en análisis por parte de la Contraloría General de la República

Redacción ZonaZero.cl