La carta al director titulada “Un régimen sin distorsiones”, enviada por el gerente general de Zona Franca de Punta Arenas, Eugenio Prieto Katuranic, busca instalar una idea central: que el actual funcionamiento del sistema franco, incluidas las ventas con IVA dentro del recinto, no solo es legal, sino coherente con el diseño original del régimen y beneficioso para la región.
Sin embargo, esa afirmación confunde deliberadamente legalidad con impacto económico real, y omite los efectos que hoy están debilitando el comercio local, la recaudación efectiva y el equilibrio territorial en Magallanes.

Que sea legal no significa que no sea una distorsión

El gerente sostiene que la coexistencia de actividades afectas a IVA dentro de Zona Franca “no constituye una distorsión”, porque estaría contemplada en la normativa desde hace décadas. Ese argumento es formalmente correcto, pero sustantivamente incompleto.

La distorsión que se ha denunciado no es jurídica, sino económica y competitiva.
El problema no es que existan actividades con IVA, sino que estas operen dentro de un recinto diseñado para otorgar ventajas excepcionales, generando una asimetría estructural frente al comercio establecido fuera de Zona Franca, que no accede al mismo flujo cautivo de consumidores, que no goza de concentración de servicios, estacionamientos y promoción institucional, y que no cuenta con beneficios logísticos, aduaneros ni de localización equivalentes.

Reducir el debate a una discusión normativa es evadir el fondo del problema.

El espíritu del régimen sí importa

Prieto afirma que estas tensiones “son consecuencia natural de un marco legal que no fue concebido para garantizar beneficios exclusivos”. Precisamente ahí está la contradicción central: El régimen franco sí fue concebido como un beneficio excepcional, para compensar el aislamiento extremo de Magallanes, no para competir en igualdad aparente con el comercio urbano mientras conserva ventajas estructurales.

El resultado actual es claro: El beneficio ya no se traduce en menores precios sostenidos para la comunidad, se consolida un modelo de retail concentrado, que absorbe consumo sin redistribuir desarrollo. Y se erosiona el comercio tradicional de Punta Arenas, con cierres persistentes y pérdida de diversidad económica.

Eso es una distorsión, aunque la ley no la nombre así.

Empleo y dinamismo: un argumento incompleto

El gerente insiste en que la Zona Franca genera empleo formal y dinamiza la economía regional. Nadie discute que exista empleo, pero la pregunta que el gerente evita es a qué costo y con qué balance neto.

Por ejemplo, por cada empleo que se crea o concentra en Zona Franca, se pierden otros en el comercio local que no puede competir en condiciones desiguales. Asimismo, no existe evidencia pública de que el empleo generado sea de mejor calidad, mayor estabilidad o mayor valor agregado que el destruido fuera del recinto. Y por otro lado, la concentración del consumo en un solo polo no diversifica la economía regional, la vuelve más frágil.

El dinamismo que se describe es, en los hechos, un desplazamiento, no un crecimiento equilibrado.

El “valor para la comunidad” que no se mide

La carta asegura que la comunidad valora positivamente el mix de servicios de Zona Franca, citando “reiteradas mediciones” que nunca se detallan ni se hacen públicas.
Lo que sí está a la vista, y ha sido ampliamente documentado, es que existe una menor circulación comercial en el centro de la ciudad, que los barrios están debilitados económicamente, que hay una menor base tributaria urbana, y que claramente hay una mayor dependencia de un solo actor económico.

Si ese es el valor que se defiende, corresponde decirlo con transparencia.

Un debate que no se puede clausurar con tecnicismos

El propio gerente reconoce que la discusión sobre el futuro del sistema franco es “legítima y necesaria”, pero al mismo tiempo intenta descalificarla como una “lectura simplificada”. Lo contradictorio es que su defensa se apoya exclusivamente en tecnicismos legales, evitando cualquier evaluación de impacto económico, territorial y social.

Pero cabe señalar además, que la distorsión existe porque el régimen dejó de cumplir su objetivo compensatorio y genera competencia desigual. Al mismo tiempo, no promueve desarrollo productivo ni innovación, y concentra beneficios externalizando costos al resto de la ciudad.

Negarlo no lo hace desaparecer.

Magallanes necesita una revisión, no una defensa corporativa

La Zona Franca no es intocable ni infalible. Es una herramienta pública con un fin específico. Cuando ese fin se desvirtúa, corresponde revisarla.
Defender el statu quo en nombre de la legalidad histórica no es responsabilidad institucional, es inmovilismo.

El verdadero debate no es si el sistema es legal.
El debate es si sigue siendo justo, equilibrado y beneficioso para Magallanes.

Y hoy, con los antecedentes sobre la mesa, esa respuesta está lejos de ser tan categórica como pretende la carta del gerente.

Mauricio Vidal Guerra, periodista, director ZonaZero.cl