La compleja ruta de autorizaciones que deben recorrer los grandes proyectos de inversión en Chile volvió a quedar en evidencia a partir de un reportaje publicado por El Mercurio, donde se detalla el extenso entramado de permisos sectoriales, evaluaciones ambientales y eventuales judicializaciones que pueden retrasar, e incluso paralizar, iniciativas estratégicas.

El esquema describe un proceso que comienza antes del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con estudios técnicos, levantamiento de información y consultas preliminares. Luego, durante la evaluación formal, intervienen múltiples organismos públicos que emiten observaciones, exigen aclaraciones y pueden derivar en adendas sucesivas, extendiendo los plazos por meses o años. Incluso tras obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), los proyectos aún deben sortear permisos sectoriales adicionales y posibles reclamaciones administrativas o judiciales.

Impacto potencial en la Región de Magallanes

Aunque el análisis tiene alcance nacional, sus efectos resultan particularmente sensibles en Magallanes, territorio donde la matriz productiva depende en gran medida de inversiones de alto costo en energía, infraestructura portuaria, hidrógeno verde, salmonicultura y turismo de intereses especiales.

En zonas extremas como Punta Arenas, los retrasos administrativos adquieren una dimensión mayor:
• Aumentan los costos logísticos debido a la distancia con los centros de decisión.
• Se dilatan oportunidades de empleo en proyectos intensivos en mano de obra.
• Se reduce la competitividad regional frente a otros polos de inversión dentro y fuera de Chile.

Judicialización y permisos sectoriales

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta cómo reclamaciones de comunidades, organizaciones o servicios públicos pueden reabrir procesos ya avanzados, generando incertidumbre regulatoria. En Magallanes, donde los ecosistemas son especialmente sensibles y la participación de ONG’s suele ser activa, este factor cobra relevancia adicional.

A ello se suma la necesidad de permisos posteriores a la RCA (marítimos, sanitarios, de obras o concesiones) que, en territorios australes, suelen implicar coordinaciones más extensas y tiempos de tramitación superiores al promedio nacional.

Desafío: Equilibrio entre protección ambiental y desarrollo

El debate de fondo apunta a compatibilizar estándares ambientales rigurosos con certezas para la inversión. A nivel regional, esta discusión es clave: El desarrollo energético y logístico proyectado para las próximas décadas convive con la obligación de resguardar uno de los patrimonios naturales más prístinos del país.

Así, la “intrincada ruta de los permisos” no solo describe un problema administrativo, sino un desafío estructural para regiones extremas que buscan crecer sin perder su identidad territorial ni su valor ambiental.

Redacción ZonaZero.cl