El alza de los combustibles vuelve a golpear. Pero esta vez no solo por el impacto en el bolsillo, sino por el tono (y el fondo) de las explicaciones que se han entregado desde el poder.

En medio de una crisis internacional evidente, las declaraciones desde el Ejecutivo han apuntado a un “Estado en quiebra” y a la necesidad de asumir costos con realismo. El problema no es reconocer restricciones fiscales (eso es parte de gobernar), sino hacerlo desde una lógica que parece más ideológica que empática, más doctrinaria que conectada con la vida cotidiana de las personas.

Porque mientras en Santiago se discute sobre balances estructurales y responsabilidad fiscal, en regiones como Magallanes la realidad es otra. Aquí, el alza de los combustibles no es una cifra en una tabla. Es el aumento inmediato del costo de vivir.

Sube la bencina, sí. Pero también sube el pan, el transporte, la logística, los materiales, los alimentos. Sube todo. Y sube más que en el resto del país.

No es una exageración. Es geografía.

Más de 2.000 kilómetros nos separan de los principales centros productivos. Dependemos del transporte marítimo, del cabotaje, de cadenas logísticas largas y frágiles. Cada peso adicional en combustible se multiplica en cada tramo de ese recorrido hasta llegar a la mesa de una familia magallánica.

Por eso, cuando se escucha un discurso que reduce el problema a “no hay más recursos” o que instala una narrativa de crisis fiscal sin matices, lo que se percibe en regiones extremas es desconexión. Falta de sensibilidad territorial.

La Cámara de la Producción y del Comercio de Magallanes también lo ha planteado en las últimas horas. Valoran la responsabilidad, pero apuntan a medidas focalizadas. No es lo mismo enfrentar el alza en el centro del país que en el fin del mundo.

Y aquí hay un punto clave: Las regiones extremas no piden privilegios, piden equidad. Que se reconozca que partir desde más lejos implica mayores costos estructurales. Que las políticas públicas no sean ciegas a la distancia.

Se valora, por cierto, la mantención del subsidio al gas y al cabotaje. Son herramientas esenciales. Pero no basta con sostener lo existente cuando el escenario cambia. Se necesita anticipación, creatividad y, sobre todo, voluntad política para ajustar las respuestas a la realidad territorial.

Porque si no, lo que termina ocurriendo es lo que ya estamos viendo: Decisiones tomadas con lógica centralista que profundizan las brechas.

El riesgo no es solo económico. Es también social.

Cuando las familias sienten que el esfuerzo es mayor y el apoyo menor, cuando ven que las explicaciones suenan más a convicción ideológica que a comprensión real, la confianza se erosiona. Y sin confianza, ninguna política pública (por responsable que sea en el papel) logra sostenerse en el tiempo.

El desafío, entonces, no es solo enfrentar el alza de los combustibles. Es hacerlo entendiendo que Chile no es un territorio homogéneo. Que hay realidades distintas, distancias distintas y costos distintos.

Magallanes no puede seguir siendo tratada como una nota al pie en decisiones que impactan directamente su vida diaria.

Porque aquí, cada alza se siente el doble. Y cada omisión, también.

Equipo de Redacción ZonaZero.cl