La afirmación no resiste mucho análisis serio. Más que una discusión jurídica sólida, lo del contraalmirante argentino suena a una mezcla de imprecisión, sobreactuación y ganas de instalar ruido donde no lo hay. Más que una información con base firme, el haber declarado en un podcast que “la boca del Estrecho de Magallanes es argentina”, pareciera tener más una intencionalidad de abrir un flanco que provoque rechazo en nuestro país, que plantear un escenario con aires de realidad.

Las palabras, emitidas en el canal de YouTube “OID MORTALES”, no solo tensionan un tema históricamente zanjado, sino que evidencian una preocupante ignorancia respecto del marco jurídico vigente o, derechamente, una irresponsabilidad en el uso del cargo para instalar interpretaciones sin sustento.

El estatus del Estrecho de Magallanes no está sujeto a interpretaciones antojadizas. Fue definido con precisión en el Tratado de Límites de 1881, donde se establece que el estrecho queda bajo soberanía chilena, con una condición clave que es su neutralidad y libre navegación para todas las naciones.

Ese principio fue reafirmado posteriormente en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, acuerdo que cerró definitivamente las tensiones limítrofes entre ambos países tras la mediación papal, delimitando claramente espacios marítimos y evitando precisamente este tipo de controversias.

En ese marco, la idea de que “la boca oriental” del estrecho (entre Cabo Vírgenes y Punta Dúngenes) sería argentina, no tiene sustento jurídico como reinterpretación soberana del paso, sino que confunde delimitaciones marítimas atlánticas con el régimen especial del estrecho, que es inequívocamente chileno en su administración y control.

Ignorancia o irresponsabilidad

Más allá del matiz técnico, el problema de fondo es otro, y apunta a que un alto mando naval instale públicamente una tesis errónea sobre un tema sensible. Porque no se trata de un académico opinando en abstracto, sino de una autoridad institucional, lo que vuelve sus palabras doblemente graves. O bien desconoce los tratados que rigen la materia o decide relativizarlos, lo que es aún más preocupante.

En ambos casos, el resultado es el mismo: desinformación y tensión innecesaria.

También cabe preguntarse cuánto espacio se le debe dar a este tipo de declaraciones. No es la primera vez que voces aisladas en Argentina reactivan tesis revisionistas sobre el extremo sur, muchas veces sin respaldo oficial ni impacto real en la política exterior de Buenos Aires.

Convertir cada una de estas intervenciones en un conflicto puede terminar siendo funcional precisamente a lo que se busca, y que tiene más que ver con encontrar visibilidad, posicionamiento y protagonismo mediático. En ese sentido, la reacción debe ser proporcional. Es decir, claridad jurídica, firmeza diplomática y evitar amplificar discursos que carecen de sustento.

¿Tiene relación con la política de Milei y Malvinas?

La política exterior argentina en torno a Malvinas es una política de Estado sostenida por décadas, con matices según cada administración, pero siempre dentro de un marco diplomático formal. Incluso recientes gestos o acuerdos de cooperación no alteran los tratados vigentes con Chile ni tienen incidencia en la delimitación del Estrecho de Magallanes. Vincular ambas cosas sería forzar una relación que, hasta ahora, no tiene sustento real.

Para la región de Magallanes, el Estrecho no es una abstracción jurídica ni un tema de debate académico, es una ruta estratégica, un eje histórico y un componente central de su identidad y desarrollo.

Por lo mismo, declaraciones como estas no solo resultan imprecisas, sino que desconectadas de la realidad geopolítica y del espíritu de los acuerdos que han permitido mantener la estabilidad en el extremo sur por décadas.

Cuando la historia, el derecho y la diplomacia ya hablaron con claridad, insistir en interpretaciones forzadas no es debate, si no que es sencillamente ruido.

Redacción ZonaZero.cl