Una investigación administrativa que se extendió por cerca de dos años al interior de la Universidad de Magallanes terminó por cerrar uno de los episodios más polémicos que involucraron al Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI), con un resultado que da un giro completo a la narrativa instalada públicamente en 2025.

De acuerdo con la Resolución Exenta N°223, fechada el 2 de abril de 2026, la casa de estudios resolvió absolver completamente a la exdirectora del CADI, Karena Espinoza Saavedra, al concluir que no se acreditaron las infracciones denunciadas en su contra, incluyendo acusaciones de maltrato, acoso laboral y conductas impropias.

El sumario (iniciado en mayo de 2024 tras una denuncia presentada por la entonces subdirectora Lidia Amarales) consideró declaraciones, testigos y análisis documental. Sin embargo, la propia resolución establece que el material probatorio fue insuficiente para sostener responsabilidad administrativa, descartando los cargos formulados.

Uno de los puntos centrales del fallo radica en la contradicción entre los relatos. Testigos del proceso señalaron que las acciones de Espinoza respondían a medidas de ordenamiento interno más que a conductas arbitrarias. Incluso, algunas declaraciones atribuyeron episodios de hostilidad a la propia denunciante.

El documento concluye que no fue posible acreditar ni maltrato ni abuso de autoridad, reforzando el principio de que la responsabilidad administrativa requiere pruebas concretas y no solo relatos contrapuestos.

Sanción a Amarales y efecto político

En paralelo, mediante la Resolución Exenta N°224, la universidad determinó responsabilidad administrativa de Lidia Amarales, exsubdirectora del CADI y también exseremi de Salud en Magallanes, aplicándole una sanción.

El caso no es menor en el contexto regional. Amarales ha sido objeto de diversas controversias públicas, varias de ellas abordadas por ZonaZero, particularmente en torno a su rol en espacios institucionales y su exposición mediática en conflictos internos.

Este nuevo antecedente impacta directamente en su posición pública, al quedar establecido que parte de las acusaciones que difundió, y que alcanzaron notoriedad mediática, no lograron ser acreditadas en el proceso formal.

Uno de los elementos más sensibles del caso es la dimensión comunicacional. La polémica se instaló con fuerza en agosto de 2025, tras la publicación de declaraciones de Amarales en La Prensa Austral, cuando el sumario aún estaba en curso y bajo reserva.

Por su parte, Espinoza sostiene que esa exposición fue determinante en el daño a su imagen: “Se instaló una narrativa que no fue confirmada por la investigación oficial, generando un daño moral y reputacional importante”.

El propio expediente da cuenta de cuestionamientos al eventual quiebre del deber de reserva, materia que incluso fue derivada a la Contraloría Regional, aunque sin que se concretaran sanciones adicionales en ese ámbito.

Polémicas previas

Durante el desarrollo del conflicto, ZonaZero abordó distintos episodios vinculados a Amarales, destacando tensiones internas, cuestionamientos a su estilo de gestión y su influencia en redes institucionales y políticas.

A la luz de las conclusiones del sumario, esos antecedentes adquieren un nuevo marco interpretativo. El conflicto no solo era administrativo, sino también de liderazgo, control jerárquico y disputa de poder al interior del CADI.

Espinoza enfatizó que las resoluciones de abril de 2026 constituyen el único pronunciamiento oficial válido, al haber sido dictadas tras un proceso reglado y con análisis de pruebas.

No obstante, el caso podría no estar completamente cerrado. La exdirectora adelantó que evalúa acciones para resguardar su honra frente a la persistencia de versiones que no se ajustan a lo establecido en la investigación.

Redacción ZonaZero.cl