Un documento oficial del Ministerio Público pone en una posición crítica al actual seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, al acreditar que fue requerido judicialmente por conducción bajo la influencia del alcohol en la ciudad de Valdivia en 2019.

Según el requerimiento en procedimiento monitorio presentado por la Fiscalía, Alvarado fue sorprendido la madrugada del 29 de septiembre de ese año conduciendo un vehículo tras arrojar resultados positivos en controles de alcohol. El examen respiratorio marcó 0,553 g/l, mientras que la alcoholemia confirmó 0,67 gramos de alcohol por litro de sangre.

El documento establece que los hechos configuran una infracción a la Ley de Tránsito por conducción bajo la influencia del alcohol, solicitándose una sanción de multa de 1 UTM y la suspensión de la licencia de conducir por tres meses.

Si bien este tipo de procedimiento no constituye automáticamente una condena (ya que permite oposición del requerido), en la práctica representa un reconocimiento judicial de los hechos imputados, salvo que haya sido impugnado y llevado a juicio.

Presión política inmediata

La revelación del antecedente abre un flanco complejo para el Gobierno en Magallanes. La permanencia de Alvarado en el cargo se vuelve difícil de sostener políticamente, considerando el estándar de probidad y conducta que se exige a autoridades públicas, especialmente en un sector como Educación.

En círculos políticos locales ya se anticipa que este antecedente podría gatillar su salida en las próximas horas, en la medida que La Moneda evalúe el costo reputacional de mantenerlo en funciones. En todo caso, el mismo caso explotará de manera nacional seguramente en medios nacionales a partir de este lunes.

Más allá de la sanción específica (considerada menor dentro del sistema penal) el punto de fondo es el criterio político en la designación y mantención de autoridades. En un contexto donde el Gobierno ha buscado reforzar señales de responsabilidad pública, este tipo de antecedentes tensiona el discurso oficial.

La situación recuerda otros casos donde faltas consideradas “menores” desde el punto de vista penal han terminado siendo insostenibles desde el ángulo político. Por ahora, desde el Ejecutivo no hay una versión oficial, pero el caso ya está instalado y con un elemento clave que es la existencia de un documento judicial que respalda los hechos.

Redacción ZonaZero.cl