A pesar de los reiterados dictámenes de la Contraloría General de la República, algunas autoridades regionales continúan utilizando sus redes sociales personales para difundir actividades oficiales, una práctica que bordea la infracción a la probidad administrativa.

No es una sugerencia, es una norma. La Contraloría General de la República (CGR) ha sido taxativa. Las autoridades (ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicio) deben utilizar los canales institucionales para informar sobre sus gestiones. Sin embargo, en Magallanes, la frontera entre la gestión pública y el “branding” personal parece haberse vuelto peligrosamente borrosa.

El dictamen que se ignora
La jurisprudencia administrativa vigente establece que el uso de cuentas personales para difundir actividades de servicio no solo es una irregularidad en el manejo de la información, sino que puede constituir un uso indebido de recursos públicos. Al utilizar su imagen oficial en perfiles privados, la autoridad se “apropia” de un acto que pertenece al Estado, buscando un beneficio de posicionamiento personal que contraviene el principio de probidad.

Un ejemplo reciente se observa en las plataformas digitales del Seremi de Hacienda, Manuel José Correa, quien utilizó sus redes personales para dar cuenta de una visita técnica a la Dirección Regional de Aduanas. En la publicación, se le ve posando junto al director del servicio y mercancía decomisada, acompañando la imagen con reflexiones sobre su gestión y desafíos institucionales.

¿Por qué es un problema?
Para la Contraloría, si una actividad es oficial, la información debe emanar de la repartición correspondiente (en este caso, la Secretaría Regional Ministerial). Cuando la autoridad decide publicarlo “a título personal” antes o en lugar de la cuenta institucional, está personalizando la función pública.

El ente fiscalizador ha señalado que las redes sociales institucionales se pagan con fondos de todos los chilenos y tienen como fin informar a la ciudadanía. Por el contrario, alimentar el perfil personal con hitos de gobierno genera una ventaja política y de imagen que no corresponde al ejercicio del cargo.

Cabe señalar, que el cumplimiento de los dictámenes de Contraloría no es opcional ni queda sujeto al criterio de cada autoridad. En una administración que prometió altos estándares de transparencia y probidad, el uso de las redes sociales se convierte en un termómetro de cuánto se respeta la institucionalidad.

¿Es una falta de asesoría técnica o una decisión deliberada de potenciar perfiles individuales de cara a futuras pretensiones políticas? Por ahora, la evidencia queda registrada en las capturas de pantalla que circulan en la red, a la espera de que la fiscalización regional tome cartas en el asunto o que las autoridades comiencen a separar, de una vez por todas, lo que es del Estado de lo que es su perfil social.

Redacción ZonaZero.cl