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¿El fin de la basura aérea? Gobierno lanza plan nacional para el retiro de cables en desuso

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) oficializó el inicio del Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables. La medida, que surge tras seis años de tramitación legislativa, busca limpiar el espacio público y eliminar los riesgos de seguridad que representan las toneladas de material olvidadas en los postes de todo el país.

El anuncio fue liderado por el ministro Louis de Grange y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, quienes detallaron que, en su etapa inicial, el plan contempla más de 66 mil intervenciones. Durante este primer año, los trabajos se concentrarán en 34 comunas de 9 regiones, con la meta de alcanzar la cobertura total de 319 comunas del país en un plazo de tres años.

El proyecto cuenta con la participación activa de la industria, agrupada en IDICAM, que incluye a los principales operadores de red. Según las autoridades, se ha consolidado un modelo colaborativo para coordinar las capacidades técnicas y operativas, permitiendo que las cuadrillas retiren no solo el cableado de cobre antiguo, sino también la fibra óptica que ya no presta servicios.

La deuda histórica con Punta Arenas
Sin embargo, para la Región de Magallanes, este anuncio es recibido con una mezcla de cautela y escepticismo. En Punta Arenas, la promesa de limpiar los cielos de la ciudad no es nueva; es una deuda que arrastra más de 15 años de compromisos incumplidos por administraciones de distintos colores políticos.

A diferencia del resto del país, en la capital regional el problema trasciende lo estético. Las constantes rachas de viento, características de la zona, convierten las madejas de cables en desuso en elementos de alta peligrosidad, provocando cortes de energía, daños en infraestructura privada y riesgos inminentes para los peatones. A pesar de múltiples mesas de trabajo locales y promesas municipales previas, los “colgajos” de cables siguen siendo parte del paisaje urbano.

La esperanza de la comunidad magallánica reside en que este nuevo plan nacional cuenta, por primera vez, con el respaldo de una ley ejecutiva que obliga a las empresas a hacerse cargo de sus residuos. En ocasiones anteriores, la falta de una normativa con capacidad de sanción permitió que las operadoras dilataran el retiro del material, dejando la tarea en el olvido.

Redacción ZonaZero.cl