La Municipalidad de Punta Arenas procedió a clausurar la residencia para adolescentes administrada por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), ubicada en Avenida Presidente Alessandri, luego de que el organismo no obtuviera la recepción definitiva de las obras exigida por la normativa vigente ni solicitara nuevas extensiones de plazo ante el municipio. La medida fue confirmada por el alcalde Claudio Radonich, quien sostuvo que la decisión responde exclusivamente al cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, normativa que rige tanto para proyectos públicos como privados.

“La ley de construcción es para todas las construcciones que se hacen en nuestro país, privadas y públicas. Lo único que hicimos, después de 70 días de ampliación de plazo, fue cumplir la ley”, afirmó el jefe comunal. Según explicó Radonich, el municipio sostuvo reuniones con los equipos técnicos y arquitectos del proyecto desde octubre y noviembre del año pasado para abordar las adecuaciones necesarias que permitieran habilitar la vivienda para albergar adolescentes.

Posteriormente, en marzo se otorgó una primera ampliación de plazo y luego una segunda extensión que venció el pasado 13 de junio. Sin embargo, de acuerdo con la versión municipal, durante las últimas semanas no existió contacto formal por parte del servicio para informar avances o solicitar nuevas prórrogas. Entre las observaciones pendientes se encontrarían obras relacionadas con accesos, medidas de seguridad y exigencias vinculadas a la habitabilidad del inmueble para uso residencial institucional.

El alcalde mencionó, entre otros aspectos, la necesidad de un muro cortafuego y la regularización de modificaciones realizadas al interior de la propiedad. “La casa tenía un destino específico para albergar personas y eso implica exigencias especiales vinculadas a emergencias y seguridad. Había muchas cosas que quedaron pendientes”, señaló.

Una propiedad marcada por la controversia La clausura ocurre en medio de los cuestionamientos que han rodeado la adquisición del inmueble desde su compra por parte del Gobierno Regional de Magallanes. La vivienda, de aproximadamente 600 metros cuadrados, fue adquirida mediante trato directo por cerca de $797 millones con el objetivo de transformarla en una residencia familiar para adolescentes entre 14 y 17 años bajo protección del Estado. Sin embargo, el proceso volvió a ser objeto de debate público tras la emisión del Dictamen N.º 168/2026 de la Contraloría General de la República, documento que detectó diversas observaciones administrativas relacionadas con la adquisición.

En las últimas semanas, consejeros regionales han planteado dudas respecto de la habitabilidad de la propiedad, la trazabilidad de las valorizaciones utilizadas para determinar su precio de compra y posibles conflictos de interés vinculados a la operación. Pese a estos cuestionamientos, desde el Gobierno Regional se ha defendido la legalidad del proceso, asegurando que existió respaldo técnico e institucional para la adquisición.

Menores ya retornaron a residencia original

La clausura de la vivienda coincide con el regreso de los adolescentes y del personal a la residencia ubicada en el sector norte de Punta Arenas, inmueble que había sido afectado por un siniestro y que recientemente concluyó su proceso de reconstrucción. Desde el municipio indicaron que la clausura no afecta actualmente la atención de los jóvenes, ya que la propiedad se encontraba desocupada al momento de ejecutarse el procedimiento.

Finalmente, el alcalde manifestó su preocupación por el estado futuro del inmueble mientras permanezca sin uso y solicitó que se adopten medidas para evitar su deterioro o eventual ocupación por terceros. “Esperamos que la casa pueda cumplir con todos los requisitos que fueron informados y que se aplique la misma norma que se exige a cualquier vecino, comercio o institución de nuestra ciudad”, concluyó.

Se espera que durante las próximas horas el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia emita una declaración pública para referirse a la clausura y a los pasos que seguirá para regularizar la situación del inmueble.

Redacción ZonaZero.cl