Familiares de las 38 personas que fallecieron cuando un avión de las Fuerzas Armadas se hundió en el turbulento mar de Drake exigieron este miércoles «justicia» y se reunieron con el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, para avanzar en materia de reparación, dos años después del trágico accidente aéreo.
A las afueras de la sede del Ministerio, decenas de personas se congregaron para reivindicar que todavía no haya avances sustanciales en la investigación judicial y que la indagación administrativa del cuerpo militar se haya cerrado sin hallar culpables, algo que se dio a conocer hace apenas diez días.
«Estamos desesperados, dos años y aquí no hay ningún responsable. Esto ha sido una cadena de errores y negligencias y alguien debe pagar por ellas», explicó Patricia Carrasco, madre de Christopher Pacheco, uno de los militares fallecidos.
«Exigimos que la Fuerza Aérea de Chile pueda convocar a todas las familias en una reunión para entregar los detalles y explicar cada una de las diligencias que se realizaron para concluir en el sumario administrativo, porque de alguna manera ellos no determinan las causas ni las responsabilidades», señaló Caroline Carvacho, esposa del cabo primero Luis Montoya, otro de los tripulantes.
«De acuerdo a los antecedentes que da la investigación penal, existen muchas negligencias e irresponsabilidades por parte de la institución, como a la vez de incumplimiento de deberes militares y de protocolos que no atendieron en su oportunidad», agregó.
El siniestro tuvo en vilo a todo el país, que estuvo pendiente durante días de la búsqueda de los 38 pasajeros perdidos (35 militares y tres civiles) que se encontraban sobrevolando las aguas del paso Drake.
El avión, un Hércules C-130 que pertenecía a la Fuerza Aérea de Chile (FACh), trasladaba personal que iba a hacer tareas de mantenimiento en una base de la Antártica.
La aeronave despegó el 9 de diciembre a las 16:55 horas en Punta Arenas, pero perdió el contacto a una hora del aterrizaje.
Tres días después, tras hallar los primeros restos humanos en el mar, las autoridades dieron la nave por siniestrada y a los viajeros por fallecidos.
Una treintena de querellas se interpusieron por esta causa, pero todavía ningún culpable y las familias denuncian ahora «abandono» por parte del Gobierno y falta de cooperación de las autoridades militares.
«Todavía hay muchas preguntas sin respuestas claras. Han sido dos años de mucho dolor, pero también de muchas dificultades que se han puesto en la investigación», agregó Carrasco.
Al comienzo de la indagatoria, salió a la luz un mensaje de audio que un pasajero envió a un familiar minutos antes de despegar en el que relataba que se iba a retrasar en llegar al destino por «problemas en el avión».
Desde la FACh evitaron en un comienzo referirse a posibles irregularidades en la aeronave, pero un documento de la misma institución entregado luego a la Fiscalía Regional de Magallanes reveló que el avión sufría dos fallas detectadas por el personal de mantenimiento antes del despegue.
La investigación dio un giro en enero de 2020 gracias a esta prueba, y el accidente comenzó a ser indagado desde entonces en calidad de «cuasidelito de homicidio».
La tragedia del Hércules C-130 es la más grave registrada en Chile desde que en 2011 cayó al mar un avión con 21 personas que se dirigía al archipiélago Juan Fernández.
