El resultado de la primera vuelta electoral nos pone en una clara disyuntiva como país, tenemos sólo dos opciones, una que en pos de la libertad, está disponible, incluso, a restringir derechos sociales, contando con una inercia estatal que lo terminará permitiendo, y se justificará con ideas como la de seguridad nacional y nociones de orden público y militarización, que tanto fascinan a algunos personajes en pleno siglo XXI, y la otra, que busca potenciar esos derechos sociales, pero que con las herramientas existentes en la actual estructura del Estado, necesariamente, se verá expuesta a superar una gran serie de obstáculos, que, probablemente, hagan peligrar cualquier afán voluntarista de cambio.
A partir de lo señalado, necesariamente, la opción representada por Gabriel Boric, debería ser quien gane la segunda vuelta electoral, ya que, si tomamos los datos del plebiscito realizado en el mes de octubre del año 2020, y analizamos el producto de las movilizaciones del año 2019, ambas situaciones, nos demuestran que, a diferencia del otro candidato que tocó techo, el nuestro debe aspirar a alcanzar a ese 53% de chilenos con derecho a voto que no participaron del proceso electoral, por lo tanto, su programa de gobierno debe plantearse en consonancia con el trabajo que vaya realizando la denominada Convención Constitucional, ya que, para acometer cambios estructurales al sistema, necesariamente, éste debe ser modificado en su esencia, por lo tanto, el ejercicio del poder constituyente originario se transformará en el elemento que marcará la ruptura con las formas que deben ser dejadas atrás.
Hoy, la justicia chilena, claramente, está a la sombra de un árbol, pero en vez de que ésta, cobije a los ciudadanos para protegerlos de un sol implacable o de la lluvia, les impide acceder a ella, y que puedan sentir que podría satisfacer sus anhelos de dejar de sentirse abusada por una élite que se justifica en la misma ley, para seguir ejerciendo su poder, por sobre todos aquellos que no pertenecen a esa determinada clase.
Por lo tanto, requerimos que se asuma que, por un lado, la Convención Constitucional, si puede establecer una nueva cancha e, incluso, señalarnos qué deporte vamos a practicar en ella, pero, no podemos perder de vista el hecho que, lamentablemente, los árbitros, siguen siendo puestos por una “señora FIFA”, que trabaja sólo para resguardar sus propios intereses, y aunque exista el VAR, siempre es posible que emita fallos erróneos, pese a que conste en la imagen que la decisión referil era equivocada.
Sin jueces independientes, no existe forma alguna, de proteger los derechos fundamentales de las personas, aunque estos estén escritos en piedra, en la más hermosa de las Constituciones, por lo tanto, el presidente Gabriel Boric, debe iniciar un proceso de deslegalización en el país, y empezar a cambiar el eje del ejercicio del poder, desde el hiper presidencialismo actual, hacia un nuevo constitucionalismo de origen, porque todo el orden legal, necesariamente, deberá sujetarse al constitucional.
Hasta ahora, en la Convención Constitucional, se han planteado iniciativas interesantes tendientes a procurar un cambio en la forma cómo se eligen los jueces en Chile, ya que, en la actualidad, nuestro país, es el único de occidente donde estas personas, son nombradas por la misma autoridad política que ellos mismos deberían procurar controlar, por lo tanto, toda tarea que parta asegurando derechos, en un contexto donde estos no son respetados, se encuentra destinada a un fracaso absoluto, por lo tanto, para que exista una justicia real, ésta debe emanar desde un árbol con raíces sanas y el poder constituido actual, no cuenta con las herramientas para sacar el que se encuentra podrido, pero si se puede sembrar uno distinto, desde cuyas raíces emane la savia que requerimos para lubricar los cambios que debemos realizar. Vamos allá, el desafío es, sin lugar a dudas, complejo, ya que, no sabemos si habrá una nueva constitución, pero si ésta existe, quien debe estar a cargo de ponerla en práctica es el presidente Gabriel Boric.
