Avanza la modificación de la Ley Lafkenche en el Congreso (Por Claudio Andrade)
La modificación de la Ley Lafkenche dio un importante paso luego de que la Cámara de Senadores aprobó “en general” el proyecto con el que se espera perfeccionar su implementación.
Gremios de trabajadores, empresarios y vecinos de las regiones del sur chileno han hecho saber de manera contundente a las autoridades, en los últimos 2 años, su oposición a las insólitas derivaciones que tuvo esta ley.
Una de ellas quedó evidenciada en los pedidos de gigantescas porciones de territorio marítimo por parte de reducidos grupos familiares.
Más de 3 millones de hectáreas fueron reclamadas por familias durante el proceso utilizando las figuras de las ECMPO (Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios). Algunas de estas solicitudes terminaron dadas de baja por las Comisiones Regionales que integran los propios funcionarios de gobierno.
Sin embargo, en caso de darle carta blanca a este tipo de reclamos millones de hectáreas de la geografía nacional quedarían administradas por un reducido número de personas descendientes de pueblos originarios.
La votación marca un notable avance en la modificación de la polémica Ley Lafkenche que abrió una puerta a posiciones militantes extremas y hace peligrar la actividad productiva en el sur del país.
El proyecto de modificación fue aprobado en general por 28 votos “a favor”, 5 en contra y 5 abstenciones. Hubo 4 pareos.
Votaron en contra (5): Francisco Huenchumilla (DC); Juan Ignacio Latorre (FA); Yasna Provoste (DC) y Jaime Quintana (PPD).
Se abstuvieron (5): Ricardo Lagos Weber (PPD); Ximena Órdenes (PPD); Daniel Núñez (PC); Claudia Pascual (PC) y Alejandra Sepúlveda (FRVS).
Pareos (4): Juan Castro (PSC) con Jorge Soria (PPD) / Javier Macaya (UDI) con Paulina Vodanovic (PS) / Loreto Carvajal (PPD) con María José Gatica (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) con Juan Luis Castro (PS).
A requerimiento del Comité de senadores de la DC, el proyecto volverá a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura para una segunda discusión.
El nuevo plazo de indicaciones será el jueves 04 de septiembre de 2025 a las 12.00 horas.
Entre los autores del proyecto de ley se encuentra el ex senador Álvaro Elizalde, actual Ministro del Interior del Presidente Gabriel Boric, lo que hace entender que existe un respaldo por parte del gobierno a la modificación.
“Para contextualizar, es necesario recordar que la Ley Lafkenche (24.249), tiene como finalidad el reconocimiento de los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas, cuyos sistemas de vidas y culturas están estrechamente vinculadas al borde costero y tiene relación normativa con otros marcos regulatorios asociados al borde costero”, ha explicitado el área de comunicaciones del propio Senado.
No obstante, este reconocimiento de espacios tradicionales se tradujo en el pedido de enormes extensiones que, de resultar aprobadas, afectarían la actividad comercial e incluso la soberanía de Chile sobre su territorio, indican en la industria. Algo que niegan algunas de las comunidades y organizaciones ambientalistas que rechazan los cuestionamientos a la ley.
“Se ha declarado reiteradamente que estas solicitudes tienen como finalidad parar las actividades productivas en la zona, es decir, no para lo que dispone la ley, lo que es un abuso del derecho que se otorgó”, explica otra fuente sectorial desde Magallanes.
“Estamos ante una ley que se originó con buenas intenciones, pero con el tiempo y la experiencia acumulada se hizo evidente que durante su aplicación e interpretación se terminó instrumentalizando.
Convirtiéndose en un verdadero privilegio, mal utilizado en favor de algunos grupos por sobre otros”, indicó el senador por Magallanes Alejandro Kusanovic, a este medio.
“Lo que se agrega a solicitudes derechamente abusivas y desproporcionadas, en relación al número de beneficiarios que solicitaron el uso y administración de sectores del borde costero. Paralizando en el camino todo desarrollo previo y futuro que termina afectando la certeza jurídica de actores que quieren participar de actividades productivas en los espacios solicitados”, agrega el legislador que integra la Comisión Permanente de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
La sospecha de funcionarios, trabajadores y empresarios es que ONGs extranjeras se encuentran detrás de los reclamos apuntalando a determinados grupos mediante apoyos legales o financieros.
Una acción encubierta que en definitiva podría invalidar todo el proceso porque significa la participación de entidades foráneas en discusiones soberanas, explican fuentes expertas en Magallanes consultadas por este medio.
