La instrucción de un sumario administrativo y la designación de un fiscal a cargo de la investigación, fechada el 22 de septiembre de este año, da cuenta que la actual seremi de Salud, Lidia Amarales, se encuentra en la lista proporcionada por la Contraloría General de la República y donde la entidad fiscalizadora instruye “de inmediato los procedimientos administrativos correspondientes, destinados a determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas respecto a funcionarios(as) que habrían salido del país estando con licencia médica, entre los años 2023 y 2024”.

En el texto instructivo, y su punto 2, se señala que “en el anexo adjunto en el oficio individualizado en el considerando 1, se proporciona una lista de personas de esa institución que pudieron incurrir en esta conducta, dentro de las cuales se encuentra doña Lidia Magdalena Amarales Osorio”.

La acción la habría llevado a cabo Lidia Amarales cuando ejercía como funcionaria de la Universidad de Magallanes, y existe el registro donde se puede comprobar que presentó licencia médica a partir del día 10 de julio del 2023 y salió del país por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago el día 11 de julio.

A petición vía oficio de la Contraloría, la Universidad de Magallanes resolvió comenzar el sumario administrativo a objeto de investigar, clarificar y determinar eventuales responsabilidades administrativas de Amarales, de acuerdo a los antecedentes que se tienen en conocimiento y que fueron aportados por el ente fiscalizador. Para esto, se designó como fiscal al abogado Camilo Araneda Godoy.

Al mismo tiempo, fuentes cercanas a la universidad afirman que el sumario está en curso, pero que deberán terminarlo ya que Amarales dejó de ser funcionaria antes de que llegaran los antecedentes enviados por la Contraloría General de la República. Así las cosas, la UMAG no puede sancionarla, porque ya no es parte de dicha institución, por lo que todos los antecedentes se reenviarán a Contraloría para determinar cuál entidad sigue adelante con el proceso. Podría ser el propio Ministerio de Salud, pero será Contraloría quien determine los pasos a seguir a partir de ahora.

Juicio ganado, Contraloría a la vista…

Cabe recordar, que hace algunas horas se dio a conocer que la actual secretaria regional ministerial de Salud, Lidia Amarales, obtuvo un triunfo judicial en su demanda laboral justamente contra la Universidad de Magallanes (UMAG), institución donde trabajó antes de asumir el cargo. El tribunal ordenó el pago de 35 millones de pesos en indemnización.

Sin embargo, el caso no queda solo en el ámbito judicial. La victoria traerá consigo limitaciones y exigencias de probidad para la autoridad regional, ya que la universidad mantiene múltiples vínculos con el sector salud y el Ministerio que ella representa. La Ley de Probidad no se centra en la relación laboral pasada, sino en evitar que la autoridad utilice su cargo para favorecer o perjudicar a una institución con la que tiene un conflicto de intereses previo. Amarales puede ejercer su cargo plenamente, pero debería abstenerse de toda acción directa o indirecta que involucre a la UMAG, mientras existan convenios activos que la conecten con la gestión sanitaria regional.

De acuerdo con la Ley de Probidad Administrativa, la seremi deberá inhabilitarse en cualquier gestión oficial que involucre a la UMAG, sea en materia de docencia clínica, investigación, convenios asistenciales o proyectos financiados por la cartera de Salud.

Redacción ZonaZero.cl